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El PSPV-PSOE pedirá a la Diputación que apoye la lucha contra el fraude fiscal para evitar la “fuga” de 600 millones de euros

  • Los últimos datos oficiales resultan significativamente preocupantes y por eso los socialistas confían en el apoyo del PP para “combatir esta práctica insolidaria que perjudica gravemente al conjunto de la sociedad”

El grupo socialista en la diputación de Castelló defenderá en el pleno del martes una moción para pedir a la institución provincial que apoye la necesidad de impulsar con la mayor efectividad las medidas de lucha contra el fraude fiscal en defensa de los intereses generales de la sociedad y de la economía provincial. Así lo ha manifestado el secretario general provincial y portavoz en la diputación, Francesc Colomer, quien ha insistido en combatir una práctica “insolidaria que repercute en la sociedad en su conjunto, porque el abuso de unos pocos merma los ingresos de las administraciones tan necesarios en tiempo de crisis para mantener las prestaciones sociales”. De hecho, en la moción se destaca que los últimos datos sobre el fraude fiscal en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Castellón resultan significativamente preocupantes alcanzando cifras “que no pueden ser admitidas en una economía competitiva, moderna y avanzada”.

En este sentido, Colomer explica que “teniendo en cuenta la importancia de mejorar las condiciones de lucha contra el fraude para mitigar sus efectos nocivos para el conjunto de la ciudadanía, el gobierno ha impulsado un nuevo Plan Antifraude que podría significar la generación de aproximadamente 590 millones de euros de ingresos sólo en la provincia de Castellón”.

Para el portavoz socialista, “combatir el fraude fiscal y activar medidas para favorecer la desaparición de las bolsas de economía sumergida son factores determinantes de una política económica seria, rigurosa y ética. Un objetivo del todo irrenunciable para nuestro estado de derecho”.

Tal y como han manifestado los propios profesionales y técnicos de Hacienda “nuestra prioridad es que quienes defrauden, dejen de hacerlo, y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales. Si se les exige que paguen lo que han evadido en los últimos años, habría dinero para reducir el déficit público, aumentar las pensiones y garantizar la Ley de la Dependencia”. Por este motivo, Colomer confía en que el equipo de gobierno en la diputación, “en un ejercicio de responsabilidad, apoye esta iniciativa para contribuir a combatir el fraude”.

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