El PSPV-PSOE exige a Moliner una explicación sobre el patrocinio de Castelló Masters Golf en julio de 2011

El PSPV-PSOE exige al presidente de Diputación, Javier Moliner, una explicación sobre la adjudicación a la empresa Matchgolf Consulting S.L. implicada en la trama 'Púnica', el patrocinio del Castelló Masters Golf, el 27 de julio de 2011, cuando él era ya presidente de la institución provincial. El portavoz del Grupo Socialista, José Benlloch, ha instado a Moliner a que explique cuál es su participación en ese expediente, que supuso un contrato de 372.000 euros a favor de esta empresa, implicada en una trama de organización criminal, según los documentos de la Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso.

José Benlloch ha explicado que fue, precisamente, en la época de Moliner, cuando se realizó la facturación por parte de la empresa implicada en la trama 'Púnica', y que se hizo en dos pagos, una el 14 de octubre de 2015 y el segundo el 25 de octubre.

Al mismo tiempo, durante la sesión plenaria, el portavoz socialista ha criticado la actitud de Moliner de no acudir al Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario celebrada ayer para evitar enfrentarse a la situación incómoda de “hablar de los 25 millones de euros en facturas, presuntamente irregulares”, y ha manifestado que “no hay mejor transparencia que dar la cara”. Benlloch lamenta que Moliner “se escondiese en un acto de campaña electoral del PP para no asistir a la reunión del Consorcio” y lamenta que califique este Consejo de Gobierno como un mitin electoral del PSOE”.

POYS
El Grupo Socialista de la Diputación ha anunciado que demandará ante los tribunales las bases de los Planes de Obras y Servicios (POYS) aprobados con los votos del Partido Popular, por discriminar a los casi 400.000 ciudadanos de los ocho municipios de más de 20.000 habitantes. José Benlloch ha calificado esta actuación del equipo de Gobierno del PP como “una perversión del sistema, partidista, arbitraria y totalmente ineficaz”.

El responsable socialista ha explicado que se ha tomado esta decisión después de que el equipo que preside Javier Moliner haya desestimado una moción presentada por el PSPV en la que se solicitaba a la Diputación que se abriese una segunda convocatoria de POYS para todos los municipios de la provincia con el 1.857.014 de euros que ha sobrado de la partida de 7.800.000 de euros consignada para este programa en 2016.

Benlloch considera que este remanente de la convocatoria de los POYS “es una prueba empírica de que todos los municipios de la provincia, independientemente del número de habitantes, cabían en las bases de estas subvenciones, de que en ningún momento se les quita dinero a los pueblos pequeños para dárselo a los grandes, y de que todos los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno para no incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes eran más excusas que criterios objetivos”. El dirigente socialista se pregunta a qué destinará ese dinero la Corporación provincial.

El representante socialista asegura que el PSPV continuará defendiendo “los intereses de todos los vecinos de la provincia con el objetivo de evitar este agravio entre unos ciudadanos y otros motivado por criterios políticos”. El recurso que presentará el Grupo Socialista expone que las bases presentadas “vulneran los principios de igualdad entre las personas que contempla la Constitución Española” y también “incumplen los principios de libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación” del artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones de 38/2003 de 17 de noviembre.

Ayudas al transporte escolar
Por otra parte, el Partido Popular ha desestimado la moción presentada por el PSPV-PSOE en la que se solicitaba a la Diputación, dentro del programa 'Repoblem' una línea de ayudas con los ayuntamientos de las zonas rurales en los que viven alumnos que cursen bachillerato en centros que no se encuentre en su lugar de residencia para financiar el coste del desplazamiento del transporte escolar, y exige ahora a la Generalitat que pague un porcentaje de la ayuda.

Safont ha recordado que la decisión del PP en 1998, cuando Francisco Martínez era vicepresidente de la Diputación, de ubicar un instituto en Vall d'Alba y dejar sin centro a Albocàsser o Cabanes, condenó a los alumnos de bachillerato de los pueblos del interior a hacer desplazamientos muy largos y “durante 18 años, las familias han tenido que resolver económicamente el problema, pagando el transporte escolar”.