Andrea Fabra: “la Ley de autoridad del profesorado pretende colaborar a mejorar la situación actual del sistema educativo”
Lamenta que Zapatero derogara la LOCE el mismo día que derogó el trasvase del Ebro
Considera que “es hora de que los políticos devolvamos la autoridad al profesorado que han perdido debido al discurso políticamente correcto que roza la demagogia más obsoleta”
Andrea Fabra ha realizado estas declaraciones en su intervención en la mesa redonda sobre Justicia y Educación que ha tenido lugar esta tarde en la sede del Partido Popular de Castellón. El senador popular Manuel Altava ha sido el moderador de este acto, que ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, y la profesora de secundaria y miembro del sindicato CSIF, Águeda Mulet.
La diputada popular ha asegurado que “desde hace más de 25 años, el único modelo que conocen las aulas y quienes las vienen ocupando es el modelo socialista de la LOGSE”, un modelo que ha considerado “cuestionado por todos, dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Andrea Fabra ha afirmado que “este modelo lo han abandonado incluso quienes los inventaron, porque ha demostrado ser un rotundo fracaso”. Un modelo “inspirado en la comprensividad y el buenismo que ha conseguido desterrar de las escuelas principios como el esfuerzo, el mérito o el respeto a la autoridad del profesor, principios que en el PP consideramos que es imprescindible recuperar”.
La parlamentaria castellonense ha lamentado que Zapatero derogara, el mismo día que derogó el trasvase del Ebro, “la LOCE, una ley redactada, impulsada y aprobada por el PP que introducía la calidad como principio inspirador de la educación, en un intento por enderezar el sistema educativo”.
Andrea Fabra ha considerado que la Ley de autoridad del profesorado es, no sólo una demanda social, sino también una demanda laboral y sindical, que además se ha visto reflejada en las recomendaciones que la Fiscalía ha venido haciendo al respecto.
“Hoy parece necesario demostrar que, sin autoridad, no hay educación, pero se ha demostrado que la calidad de la enseñanza y la ausencia de disciplina son incompatibles”, ha asegurado Andrea Fabra, por lo que ha afirmado que “es hora de que los políticos les devolvamos a los docentes algo que se les ha ido arrebatando como consecuencia de un discurso políticamente correcto que roza la demagogia más obsoleta”.
Por su parte, la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, ha comentado más detalladamente el borrador del Anteproyecto de Ley de autoridad del profesor, que reconoce el derecho del profesorado a ser respetado, recibir un trato adecuado, a desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, a participar y recibir la colaboración necesaria para la mejora de la convivencia escolar y de la educación integral del alumnado, a tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia durante las clases y a la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes.
Esta Ley estará vigente en todos aquellos centros de titularidad pública y en aquellos centros privados de carácter concertado, según ha apuntado la secretaria autonómica de Educación.
Con respecto a la protección jurídica del profesorado, Gómez ha explicado que el profesor tendrá, con esta Ley, el reconocimiento de autoridad pública y la presunción de veracidad en el desempeño de las funciones de organización, docentes y correctoras o disciplinarias que tengan atribuidas.
Asimismo, esta Ley de autoridad responsabiliza al alumnado de los daños ocasionados en los centros docentes por estos, quedando obligados a la reparación del daño causado o a hacerse cargo del cargo económico de su reparación o restablecimiento. También deberán restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos, siendo los padres, madres, tutores o tutoras los responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente.
