Compromís presenta 17 enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes frente a la Sequía del sector primario
El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha anunciado el registro de hasta 17 enmiendas que han sido consensuadas con la Unión de Uniones y en la que el sindicato agrario valenciano La Unió de Llauradors i Ramaders ha tenido un papel fundamental para que el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes frente a la sequía tenga una mayor efectividad y desarrollo de acuerdo con las necesidades de los afectados.
“Se trata de enmiendas y petición de medidas de muy distinto calado, desde aquellas que se declara la aplicación de medidas contra la sequía en cualquier parte del territorio si se dan las condiciones para acabar con las potestades facultativas del Gobierno y que éste quede obligado sin excluir ninguna demarcación afectada, así como prever moratorias en el pago de intereses, exenciones, reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, costes de contratación en las pequeñas explotaciones y medidas también para 2018, ya que se prevé que no cambien las circunstancias a lo largo del actual año, lo que evitaría tener que redactar una nueva ley”, ha señalado Navarrete.
Las medidas contempladas buscan garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias y aliviar los efectos perversos de la sequía sobre el empleo agrario, al reducir los costes de contratación, particularmente de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias o que el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación contemple las labores realizadas directamente por el titular de la explotación por la realización de operaciones no necesaria o menos necesarias en condiciones normales (por ejemplo, tratamientos fitosanitarios en el caso de los cultivos o de atención al ganado en las producciones pecuarias), que resulta de difícil acreditación documental.
Asimismo piden modular las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios 2017 y 2018 que afecte a fincas, viviendas, locales de trabajo y similares, de naturaleza rústica, de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía radicados en las zonas a las que se refiere la Ley así como las correspondientes aportaciones patrimoniales desde el PGE a un fondo extraordinario de 1.000 millones de euros por anualidad de estos dos años. Las medidas también reclaman que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, iniciará estudios de viabilidad con vistas a la implantación en el marco del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados de un seguro de cobertura para las pérdidas y daños ocasionados por el riego de sequía hídrica en los cultivos de regadío, posibilidad muy limitada hoy en día.
Tarifas eléctricas especiales
Jordi Navarrete ha reclamado de nuevo que el Gobierno realice una propuesta legislativa de tarifa especial para el regadío y de reestructuración de las modalidades de contratación de suministro eléctrico, de manera que se adapten a las condiciones de la actividad agraria y a su consumo estacional. “Es algo fundamental, pues encontramos actividades, como molinos o regantes de temporada que deben utilizar pozos para extraer agua que se ven obligados a tener unas potencias contratadas que son un lastre en los períodos del año que no tienen actividad, ya que se han duplicado las tarifas eléctricas desde 2008”, ha insistido.
Peticiones a Europa
Las enmiendas proponen también disposiciones transitorias que reclaman que, en el marco de las disposiciones reguladoras de la Política Agraria Común, el Estado realice las gestiones necesarias ante la Unión Europea para que se autorice en el año de solicitud 2018, tanto el incremento del porcentaje de anticipo de pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda directa y al desarrollo rural y exenciones al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de pagos directos a la agricultura y a la ganadería.
