Compromís pregunta por la antena de Altura y propone una moción en el Senado por unas telecomunicaciones ‘seguras y saludables’
La coalición muestra su total apoyo a las movilizaciones contra la ubicación de una gran antena de telefonía móvil camuflada en pleno centro de esta localidad del Alto Palancia y reclama cambios normativos
Compromís ha presentado de nuevo una moción en el Senado que busca sumar a la cámara en el rechazo a la Ley General de Telecomunicaciones por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleva al Gobierno central la propuesta de que “cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deba contar con la participación de las mismas”. La coalición muestra así su total apoyo a las movilizaciones de la Plataforma vecinal No a la Antena de Altura contra la ubicación de una gran antena de telefonía móvil camuflada en pleno centro de esta localidad del Alto Palancia cuando se le ofrecen otros terrenos alternativos fuera del casco urbano.
La nueva Ley de Telecomunicaciones permite a las compañías telefónicas la ocupación de azoteas y, por un supuesto interés general, no atenerse a ningún criterio razonable como la existencia en sus proximidades de centros escolares o personas con problema por sensibilidad a las ondas electromagnéticas. “Desde Compromís proponemos avanzar hacia una nueva que obligue a las compañías a ubicarse en las afueras de los municipios, que sea realmente efectiva a la hora de hacer compartir antenas a las compañías para evitar la proliferación, pero siempre primando las que estén en puntos con menor riesgo potencial”, ha señalado el senador territorial Carles Mulet.
Así, la moción presentada de nuevo tras haber caducado por la nula acción política del PP la anterior legislatura, insta comunicar igualmente al Gobierno central la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Telecomunicaciones tenga en cuenta la salud y la vida por encima de los beneficios económicos y no atender solo a los intereses de la industria. Asimismo pide al Gobierno que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados por la ley, atendiendo a las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (mayo del 2011) sobre “Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”, así como a los Convenios internacionales relacionados (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y el Convenio de Aarhus de 1998, sobre el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales). Por último reclama dar traslado de este acuerdo a los Gobiernos Central y autonómico Valenciano, a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados, a la Junta de Gobierno de la FEMP (Federación española de Municipios y Provincias), así como a la Plataforma vecinal No a la Antena de Altura (Castelló).
Efectos sobre la salud
En los últimos 15 años se ha dado un aumento exponencial de una nueva contaminación ambiental, proveniente de los campos electromagnéticos artificiales de alta frecuencia, fácilmente constatable en la expansión de las radiofrecuencias por la implantación de las redes de telefonía móvil y una interminable lista de dispositivos de tecnología inalámbrica.
Especialmente relevante es el impacto local provocado por las antenas base de telefonía móvil, visible en la preocupación ciudadana reflejada en el “Eurobarómetro Especial sobre campos electromagnéticos” de 2010, en las numerosas denuncias de conglomerados de cáncer en el entorno de las antenas y en las innumerables movilizaciones y peticiones vecinales manifestadas a nivel municipal en todo el territorio español.
Esta preocupación ciudadana va en consonancia con las numerosas llamadas desde diferentes ámbitos (científicos, instituciones europeas e internacionales, jurídicos), que instan a las administraciones públicas a aplicar el principio de precaución (recogido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública), ante estos contaminantes ambientales alertándonos de su riesgo potencial para la salud de las personas, especialmente en la infancia, la juventud, las mujeres gestantes y otros grupos sensibles.
