Valverde lamenta que Fabra desconozca el IAE que se aplica en Alicante a pesar de los casi cuarenta asesores que tiene
El secretario de Organización demuestra al presidente de la diputación que el impuesto en Alicante es 15 puntos más bajo que el de Castelló y le pide que acepte la propuesta de rebajarlo para hacer más competitivas a las empresas de nuestra provincia
El diputado provincial y secretario de Organización de la Comissió Executiva Provincial del PSPV-PSOE, Francisco Valverde, asegura que en la diputación provincial de Alicante el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es del 20'5% y no del 29% como dijo el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el último pleno de la institución después de que el Grupo Socialista presentara una moción para rebajar este tributo del 35%, lo que actualmente pagan las empresas castellonenses, al 20% como en Alicante. Para Valverde "no se puede consentir que Fabra mintiera en el pleno, y más si tenemos en cuenta que con 37 asesores que trabajan exclusivamente para el partido no hayan sido capaces de hacer una simple consulta en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante antes de espetar durante la sesión plenaria que en la provincia alicantina la tasa es del 29% como en Valencia".
El diputado provincial considera que "ahora que le reiteramos que en Alicante el impuesto es del 20'5%, el presidente de la diputación debería replantearse la rebaja del mismo, porque no es justo que las empresas de Castelló, en plena crisis, tengan que pagar casi el doble que las de Alicante, y más si se tiene en cuenta que esos ingresos se destinan para gastos irrelevantes e improductivos que el IAE no tiene por qué soportar cuando no hemos visto ningún recorte por parte de la institución".
El PSPV-PSOE propuso reducir del 35% al 20% este gravamen para ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores, y dotarlas de una mayor competitividad en el mercado en momentos tan difíciles como el actual, porque en materia fiscal las empresas castellonenses se encuentran en una situación más desfavorecida, ya que se les aplica un recargo del 35%, rozando el máximo establecido por ley (40%).
