Mujeres extranjeras víctimas de trata de personas
La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral es una, no tan nueva, forma de esclavitud que existe en Europa, incluida España. Es una clara violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona, tal como lo describe en su introducción el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España.
El viernes último se ha reunido la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón-Amuinca, cuyo principal objetivo es promover la igualdad de mujeres y hombres y trabajar por los derechos humanos de las mujeres inmigrantes, con el fin de dibujar las líneas a seguir en esta anualidad, en la que continuarán –dentro del Giat-M.I.- trabajando por los derechos de las mujeres. El objetivo es erradicar esta grave forma de delincuencia, en la que organizaciones delictivas ganan mucho dinero explotando a las mujeres de diversas nacionalidades procedentes de África, Latinoamérica o Europa del Este.
Mujeres extranjeras son captadas en sus países de origen por las organizaciones delictivas afincadas en España y son traídas con documentación de otras mujeres que residen legalmente en algún país de la Unión Europea. Una vez en el país de destino, las víctimas llegan a quedar en una absoluta dependencia de sus explotadores puesto que les arrebatan su pasaporte o cualquier otro documento de identidad que tuvieran.
Irene Gómez, coordinadora de Amuinca, recalca que estas mujeres, muchas veces, no conocen el idioma ni la cultura del lugar al que llegan, ignoran por completo la legislación y sienten mucha desconfianza de los agentes policiales, todo lo cual se une al miedo a las represalias que puedan tomar los delincuentes contra su familia que ha quedado en los países de origen, motivos por los cuales no denuncian y continúan siendo explotadas.
Es urgente promover la sensibilización, buscar implicación de la sociedad civil, impulsar la cooperación de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, además de mayor voluntad política de los poderes públicos, para acabar con este atentado contra los derechos de las mujeres extranjeras.
