Martínez afirma que solo Ximo Puig se cree que las cláusulas del PSOE eran por interés general
El vicesecretario responsable de la zona norte del Partido Popular de la provincia de Castellón, Andrés Martínez, ha criticado la postura del secretario general del PSPV respecto al proyecto Castor, ya que “parece que solo Ximo Puig se cree que las clausulas abusivas impuestas por el Gobierno del PSOE eran por el interés general”.
“Los castellonenses y valencianos deben saber quién es el candidato del PSPV a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Es alguien capaz de engañar a todos los castellonenses, en lugar de luchar por el interés de esta provincia y su crecimiento. No permitiremos que los socialistas pongan en peligro la seguridad de los vecinos ni la economía de la provincia de Castellón por mucho que se empeñe Ximo Puig en negar la verdad”, ha subrayado el dirigente del PPCS.
Martínez ha criticado de Ximo Puig que “al igual que imponer clausulas abusivas es para él trabajar por el interés general, no hacer los informes medioambientales pertinentes por los que los vecinos del norte de Castellón vivieron una pesadilla es un mero error y, por tanto, un insulto a la inteligencia de todos los castellonenses”.
El vicesecretario ha recordado que “Rajoy nada más llegar a Moncloa, y un año y medio antes de que comenzaran los seísmos, ya recurrió la indemnización incondicional para la empresa aprobada por el Gobierno socialista en 2008, pero la Justicia le obligó a pagar por el blindaje brindado por el Consejo de Ministros presidido por Zapatero. En el auto la empresa confiesa que sin la clausula jamás hubiesen construido Castor, lo que evidencia la nefasta gestión socialista”.
Cabe destacar que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era competencia exclusiva del Gobierno, fue iniciado en 2007 bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero, y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 1 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
