Castor: El Gobierno Central aplaza pronunciarse sobre la paralización del gaseoducto hasta que lo haga el Supremo, según Baldoví
El diputado en el Congreso de Compromís-Equo, Joan Baldoví pidió mediante una pregunta escrita al Gobierno Central, explicara los efectos que tiene la sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo que considera nula una resolución del Ministerio de Medio ambiente y dice que la construcción del gasoducto del proyecto Castor de almacenamiento de gas natural ante las costas de Vinaròs, requería una evaluación ambiental.
Baldoví pedía saber igualmente qué medidas piensa adoptar el Gobierno después de que la sección primera de la Sala de lo contencioso administrativo de esta Audiencia Nacional diera la razón a la sociedad citrícola Río Cénia SA, con terrenos afectados por la construcción de la infraestructura, en el recurso que presentó el 2009, y anula una resolución del Secretario de Estado de Cambio Climático del entonces Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y Marí, por la cual se acordó no someter a evaluación de impacto ambiental una parte del proyecto.
Se trata del gasoducto construido por Enagás para conectar la planta de tratamiento terrestre del Castor con la red de distribución nacional de gas natural (gasoducto Tivissa-Paterna). El Castor incluye dos gasoductos, uno que conecta la planta terrestre con la marina (a cargo de Escal UGS) y el otro que une la planta con la red nacional, este construido por Enagás.
El proyecto los considera obras independientes, mientras que la Audiencia dice ahora que forman parte de una misma infraestructura y por eso todo su recorrido (parte en la Comunidad Valenciana y parte en Cataluña) requería evaluación de impacto ambiental, y más todavía teniendo en cuenta que atraviesa espacios de interés ambiental y sensibles.
La respuesta escrita que da ahora el Gobierno Central reconoce que el Ministerio acordó no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto del gasoducto, pero evita pronunciarse alegando que la sentencia no es firme y ha sido recurrida en casación, y por eso, prefieren esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo antes de realizar cualquier actuación.
Desde Castelló, el coportavoz de la coalición en las comarcas de Castelló, Carles Mulet, ha manifestado que este nuevo varapalo al polémico proyecto Castor, demuestra la total connivencia y manga ancha del entonces gobierno central del PSOE y el autonómico del PP, que permitieron tramitar el mismo sin las más mínimas garantías, como es el caso de no exigir una evaluación de impacto ambiental en la parte del gasoducto terrestre, a pesar de la complejidad y riesgos de todo tipo de una actuación de estas características, o la falta de estudios sísmicos, a pesar, de cómo se ha visto con posterioridad, haber causado graves problemas en la comarca.
Para el portavoz ecosocialista “vistos los antecedentes, lo que hubiera sido razonable no en recurrir la sentencia, sino esforzarse en remendar la falta de evaluación de impacto ambiental del gaseoducto”.
