Los socialistas detectan un cobro de 5 euros de más en la tasa de la basura y piden que se devuelva el dinero
La concejala Mercedes Pérez insta a revisar las cantidades cobradas y a corregir el error de forma inmediata
Los socialistas de Segorbe han detectado “irregularidades” en el recibo de la basura e instan a subsanarlas “de forma inmediata”. La concejala Mercedes Pérez señala que la tasa cobrada por el Servicio de Recaudación de la Diputación es casi cinco euros superior a la aprobada en su día por el pleno municipal. Pérez insta al organismo provincial a revisar las cantidades y a corregir los errores.
Los propietarios de viviendas han pagado en el último trimestre un recibo de 44,11 euros por el servicio de recogida de basuras correspondiente al año pasado. Sin embargo, la cantidad acordada por el pleno, en diciembre de 2012, fue de 39,34 euros. Son las cifras que constan en la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
“Los socialistas hemos advertido las irregularidades y las hemos puesto en conocimiento del Servicio de Recaudación de la Diputación para que se devuelva a los ciudadanos lo que han pagado de más. Lo lamentable es que los que tienen la responsabilidad de gobernar no estén más atentos y eviten que se produzcan situaciones de este tipo”, afirma Pérez, quien recuerda que el servicio de la Diputación depende del vicepresidente Miguel Barrachina, a su vez concejal de Hacienda en Segorbe.
Pérez señala que en el expediente de la modificación de la ordenanza se hacía constar que la tasa de basuras para 2013 disminuiría un 10,82 % respecto al 2012, con lo que se pasaría de pagar 44,11 euros por vivienda en el año 2012 a 39,34 euros por vivienda en el 2013, pero la reducción no se ha efectuado en los recibos que se han pasado al cobro a los contribuyentes.
La concejala socialista solicita a Recaudación que compruebe también si los recibos puestos al cobro a las pymes, comercios e industrias de la localidad se ajustan a lo aprobado por el pleno. “Los acuerdos plenarios no deben vulnerarse. La Administración debe ser escrupulosa y vigilar al máximo para que paguemos lo que es justo”, afirma.
