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Moliner denunciará a los ex ministros Narbona, Espinosa, Sebastián y Clos si la inspección detecta negligencia en la tramitación del Castor

Moliner denunciará a los ex ministros Narbona, Espinosa, Sebastián y Clos si la inspección detecta negligencia en la tramitación del Castor
  • La concesión del almacenamiento subterráneo fue tramitada por los ministerios de Industria y Medio Ambiente entre 2008 y 2010

  • “La Diputación exigirá responsabilidades legales si los inspectores determinan que no se daban las condiciones para la autorización”

Javier Moliner ha anunciado esta mañana que la Diputación de Castellón emprenderá acciones legales contra los ex ministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010. Así lo ha hecho público el presidente de la Diputación tras saber que hay una relación directa entre los seísmos que se están produciendo y la inyección de gas frente a la costa del Maestrat.

“La Diputación exigirá responsabilidades legales a los ministros responsables de las autorizaciones si los inspectores que están examinando las instalaciones determinan que no se daban las garantías suficientes, ni las condiciones, para la autorización concedida por el Gobierno en 2010”, ha asegurado Moliner. Hay que tener en cuenta que el informe de impacto ambiental no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos.

El presidente ha asegurado que la obligación es estar al lado de los vecinos de los municipios afectados por los seísmos, “especialmente si la situación de tensión que están viviendo es fruto de la negligencia del Gobierno que impulsó y autorizó este proyecto”. Ante la incertidumbre generada, el Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cierre del almacén subterráneo, situado a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs.

El procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era de competencia exclusiva del Gobierno Central, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.

Javier Moliner ha declarado que “me parece gravísimo que no se tuviesen en consideración las posibles afecciones sísmicas y que ahora estemos sufriendo decenas de terremotos cada día. Son los técnicos los que están investigando el problema y los que tienen que decidir cuál es la solución, pero que nadie dude que exigiremos todas las responsabilidades penales que pudiesen derivarse de la mala gestión de esta concesión”.

Concesión del Consejo de Ministros el 16 de mayo de 2008
El procedimiento administrativo del Gobierno entre 2008 y 2010 incluyó la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo Castor mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirigía ya Miguel Sebastián, el 16 de mayo de 2008.

El 11 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por la ministra Elena Espinosa, publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones marítimas. Tras ello, en junio de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó la Autorización Administrativa y el Reconocimiento de Utilidad Pública del almacén subterráneo, con lo que dio plena validez al almacén subterráneo frente al litoral castellonense, durante la pasada legislatura.

Todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el tripartito conformado por el PSOE, los independientes de PVI y el Bloc, que pese a no asumir competencias propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu.

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