El PSPV solicitará de nuevo en el pleno del martes que Fabra salde la deuda que mantiene con los ayuntamientos de la provincia
El grupo socialista en la Diputación de Castelló solicitará en el pleno del próximo martes que el presidente de la Institución Provincial, Javier Moliner, inste al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, a saldar la deuda que la Generalitat mantiene con la diputación, ayuntamientos, mancomunidades, consorcios y otros organismos dependientes de las administraciones locales, previo un acuerdo de un calendario prudencial con los interesados. El portavoz adjunto, Josep Gisert, ha afirmado que “los ayuntamientos de nuestra Comunitat en general, y los de la provincia de Castelló en particular, con las difíciles circunstancias derivadas de la crisis económica, y la consecuente falta de ingresos, tienen que sumar la deuda que la Generalitat mantiene con ellos y que los deja en una situación muy crítica”.
La mayor parte de los ayuntamientos y otras entidades locales han ido haciendo frente a su deuda comercial, satisfaciendo las cantidades pendientes a los proveedores mediante los Reales Decretos-Ley 4/2012 y 4/2013. Acogerse a los mismos ha supuesto también tener que asumir unos importantes intereses. Ahora aparece un nuevo Real Decreto-Ley, el 8/2013 de 30 de mayo de 2013 de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros que en su artículo 9 señala que se incluirán las transferencias de las Comunidades Autónomas a Entidades Locales hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunitat Autónoma a 31 de diciembre de 2012, a las mencionadas entidades, y siempre que la entidad local tenga obligaciones pendientes de pago que haya tenido que incluir en esta nueva fase del mecanismo. Es decir, aquellas entidades que estén al día de sus pagos no pueden acogerse. Un absurdo que genera que quien hay cumplido no cobre.
Por esto mismo, la moción socialista pedirá también instar al Gobierno de España que modifique el Real Decreto-Ley 8/2013 o arbitren las medidas necesarias con el objetivo de facilitar que por parte de la Comunitat Valenciana se pueda hacer efectiva la transferencia de todas aquellas obligaciones que mantiene con entidades públicas y privadas.
