El PSPV pide en una moción instar al Ministerio de Justicia que "dé marcha atrás a su pretensión de privatizar los registros civiles"

El Ministerio de Justicia está estudiando la modificación de la Ley del Registro Civil, y ha hecho público un borrador de Proyecto de Ley que pretende, entre otros cambios, que tendrán la consideración de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes realizarán en sus oficinas todos los trámites propios de este servicio que actualmente se viene prestando gratuitamente desde la administración pública. Además, los registros tendrán un ámbito de actuación provincial. Nada se dice de las poblaciones más pequeñas, en las que actualmente existen juzgados de paz, que dejarán de realizar los actos propios del registro civil.

Para el portavoz adjunto del grupo socialista en la Diputación de Castelló, Josep Gisbert, “esto supondrá un verdadero inconveniente para los ciudadanos residentes en poblaciones pequeñas y alejadas de las capitales de provincia (o grandes poblaciones que cuenten con registrador de la propiedad), que deberán desplazarse decenas de kilómetros para realizar trámites esenciales como la inscripción de un nacimiento o la solicitud de una partida de defunción”. Gisbert ha indicado que también se amplían los hechos y actos inscribibles que junto a los actos de inscripción y certificación nacimiento, defunción, fe de vida o matrimonios, se incorporan la representación voluntaria de las personas físicas, incluidos los apoderamientos preventivos, su modificación y revocación; el domicilio y la dirección a efectos de las notificaciones que legal y reglamentariamente se determinen; los seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, seguros de Deceso; y los testamentos otorgados y demás actos de última voluntad que legal o reglamentariamente se determinen. Además, los matrimonios en forma civil se celebrarán ante notario, quienes realizarán todas las gestiones necesarias para su autorización.

Asimismo, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y los notarios, sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles. Gisbert ha señalado que “en consecuencia, todos los ciudadanos tendrán que pagar un arancel al Registrador de la Propiedad o Notario, por las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio y todo tipo de actos que actualmente son gratuitos y que afectan a la esfera más íntima de derechos y voluntades de los ciudadanos”. “Si tenemos en cuenta que todos los ciudadanos hacemos uso de este servicio varias veces a lo largo de nuestra vida, esto va a suponer un incremento innecesario e injustificado para nuestros ya maltrechos bolsillos”, critica Gisbert.

El portavoz adjunto ha recordado que el Registro Civil ha sido un servicio público y gratuito para todos los ciudadanos desde 1870, y que fue modernizado en 2011 con la digitalización de todos los libros del registro desde el año 1950, lo que supuso una inversión de 129 millones de euros, mejorando la calidad de este servicio que, en la actualidad, es uno de los mejor valorados dentro de la Administración de Justicia.

Por estos motivos, el grupo socialista de la Diputación Provincial ha registrado una moción para decidir en el próximo pleno la remisión de un comunicado al Ministro de Justicia, instándole a que de marcha atrás en sus pretensiones de privatizar los Registros Civiles, solicitando que continúen siendo un servicio público y de calidad. Además de manifestar el rechazo a la pretensión del Gobierno de privatizar el Registro Civil y de transferir su gestión a los Registradores de la Propiedad y Notarios, como también “expresar nuestra oposición a que el ciudadano tenga que pagar por un servicio que, desde hace 150 años, se viene realizado de forma cercana, pública y gratuita”, añade Gisbert.