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Pese a tener una primera sentencia favorable

La Diputación no recurrirá la sentencia del TSJ “porque no queremos tener ningún conflicto con ningún ayuntamiento"

  • Esta legislatura ya se había modificado el histórico modelo de organización de la Corrida de la Beneficencia

La Diputación de Castellón no recurrirá la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia para que devuelva el dinero cobrado al Ayuntamiento de Vila-real por las entradas de la Corrida de la Beneficencia de 2011, a pesar de tener una primera sentencia favorable y disponer de la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo.

El fallo es consecuencia de un recurso presentado tras darse la razón a la Diputación de Castellón en primera instancia. Pese a la posibilidad de presentar un recurso, y de tener una primera sentencia favorable, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha anunciado que la institución provincial no lo hará “porque no queremos tener ningún conflicto con ningún ayuntamiento”.

Este sistema de venta de entradas hace referencia a la última corrida de la Beneficencia de la pasada legislatura, por lo que se trata de una situación heredada. Además, el cobro de las entradas se hizo siguiendo, como siempre se hace, el criterio marcado por los técnicos de la Diputación de Castellón.

El propio Moliner ya no aplicó este modelo tras asumir la presidencia de la Diputación de Castellón. Así, tras aplazar la Corrida de la Beneficencia en 2012, en 2013 se ha modificado la organización de este espectáculo, que permitió que se llenase la plaza en el primer festejo de la Magdalena, mejorando los beneficios de cara al fin social que perseguía.

Hay que recordar que este año se cursó, primero, invitación a todos los ayuntamientos para que informasen si querían colaborar con esta iniciativa solidaria y, en caso de responder afirmativamente, cuántas entradas necesitaban.

Una vez trasladada su petición, fue directamente la empresa encargada de la plaza de toros de Castellón la que les envió las entradas y se encargó de cobrarlas, de tal forma que la Diputación no intervino en el proceso del cobro.

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