El PSPV presentará mociones en todas las instituciones para rechazar la privatización del Registro Civil "por vulnerar los principios de justicia igualitaria y universal"
El portavoz adjunto del grupo socialista en la Diputación de Castelló, Josep Gisbert, ha anunciado que el PSPV de Castelló va a presentar mociones en todas las instituciones para que se dé marcha atrás al anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, "por ser una propuesta retrógrada y por la vulneración que esto supone de los principios de justicia igualitaria y universal". Según Gisbert, "la privatización del Registro Civil supondrá más recortes, inconvenientes y gastos para los ciudadanos, cuando hasta ahora ha sido un servicio público y gratuito". El portavoz adjunto ha apuntado que "los socialistas vamos a presentar las mociones para combatir la fiebre privatizadora del PP, que parece no tener límites, y que nos está llevando a tener cada vez menos servicios y derechos, y a retroceder en todas nuestras conquistas sociales y en nuestro bienestar". Gisbert ha explicado que ahora "el Ministerio de Justicia pretende que el Registro Civil, un servicio público y gratuito, pase a los registradores de la propiedad y el coste del mismo recaiga directamente en los bolsillos de los ciudadanos". "Si su anteproyecto de ley va adelante, deberemos pagar por cualquier partida de nacimiento, por certificados de defunción, matrimonio o fe de vida, entre otros. Además, algunos actos como el matrimonio civil deberán celebrarse ante notario, quien realizará todas las gestiones para su autorización", añade el diputado provincial.
Ante esto, Gisbert ha criticado que "con estas medidas del Gobierno de Rajoy, quien sale siempre perdiendo es el ciudadano, y además, hay que tener en cuenta que todas aquellas personas que viven en municipios más pequeños, verán añadida la dificultad de tener que desplazarse a otra localidad donde haya notarios o registradores de la propiedad, con el consiguiente incremento de gastos y tiempo utilizado".
El dirigente socialista ha querido denunciar así la política del PP de “desmantelamiento y privatización de la justicia”, porque “lo que ha sido un servicio público para todos los ciudadanos hasta ahora, va a acabar siendo un negocio para unos pocos”.
