CCOO cree que la falta de financiación pública del Plan Estratégico puede lastrar su pleno desarrollo
El Plan Estratégico presentado por Correos, asume parte de las demandas de CCOO en las 100 propuestas hechas por el sindicato. E Plan recoge la preocupación por la excesiva dependencia de Correos del mercado tradicional de la carta, un 75% de la cifra de negocio, un mercado fuertemente amenazado por la recesión económica y el efecto de la sustitución electrónica, así como la escasa implantación de la compañía en los productos de valor añadido (paquetería, productos financieros y bancarios, etc. que sólo representan el 14%). Una descompensación que puede poner en entredicho la viabilidad del operador público y provocar un ajuste de puestos de trabajo.
CCOO valora positivamente que el plan establezca medidas a corto, medio y largo plazo en el sentido de mantener el mercado tradicional de la carta ordinaria y certificada -actual sostén de la compañía-, evitar la migración de los grandes clientes hacia el ámbito privado, y atajar el efecto de la sustitución electrónica; igualmente, pone en valor la apuesta por la paquetería, por la digitalización, y por la extensa red del operador público como herramienta de diversificación de productos. CCOO considera que sólo así se puede garantizar su viabilidad y el empleo de sus casi 60 mil trabajadores.
El sindicato, sin embargo, ha mostrado su gran preocupación porque no se haya definido la relación de Correos con el Estado a la hora de garantizar el servicio público, algo que de nuevo se ha puesto de manifiesto en la Ley de Presupuestos para 2013. Para CCOO, esto pone en serio aprieto los ingresos de Correos lo que, de no corregirse, puede lastrar notablemente el propio desarrollo del Plan además de abrir la puerta a ajustes internos y de empleo.
Por eso CCOO ha hecho un llamamiento al Gobierno para que dote a Correos del contrato regulador que fije su relación con el Estado, que asegure un marco financiero plurianual y estable, con financiación suficiente para asegurar la viabilidad de la compañía pública y proteger el derecho de la ciudadanía a las comunicaciones postales, en términos de igualdad, en cualquier parte del territorio. Para ello serían necesarios 500 millones de euros de financiación pública hasta 2015.
