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La Diputación de Castellón y Ascer acuerdan nuevas vías de presión legales para evitar que se aplique la tasa del gas

20/09/2012 | elperiodic.com  
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• Miguel Barrachina y Vicent Sales se han reunido en la sede de la patronal azulejera con Pedro Riaza y Victoria Zaera
• “Aunque el Gobierno trata de resolver un problema heredado, entendemos la preocupación de un sector esencial para la economía castellonense”, asegura Barrachina

La Diputación de Castellón y Ascer han mantenido esta mañana una reunión para coordinar sus líneas de trabajo con el objetivo de buscar una fórmula que le evite al sector cerámico tener que pagar un sobrecoste con la nueva tasa del gas. El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, y el diputado y vicepresidente del Instituto de Promoción Cerámica, Vicent Sales, han estado reunidos en la sede de Ascer junto con su secretario general, Pedro Riaza, y Victoria Zaera, del área industrial.

El objetivo de este encuentro ha sido el de concretar una línea de acción conjunta para reforzar el trabajo que está manteniendo el presidente de la Diputación, Javier Moliner, encaminado a evitar que el sector cerámico castellonense tenga que asumir, al menos, parte de la tasa que ha fijado el Gobierno al consumo del gas, para compensar el déficit tarifario heredado del Gobierno socialista y que a finales de 2011 suponía un agujero de 24.000 millones de euros.

Además de las gestiones que están llevado a cabo desde hace semanas tanto la Diputación de Castellón como la propia Generalitat, la Diputación se ha comprometido a abrir nuevas vías, de la mano de Ascer, para tratar de convencer al Gobierno de que introduzca modificaciones legislativas que eviten que el sector cerámico castellonense, incluido el de fritas y esmaltes, tengan que asumir un coste adicional en un momento tan complicado.

El objetivo principal de esta reunión era concretar nuevas vías de colaboración, por lo que lejos de plantear un encuentro institucional de los presidentes de la Diputación y Ascer, Moliner propuso que se reuniesen Barrachina y Sales con ejecutivos de la patronal azulejera para plantear una agenda conjunta. Por eso, al margen de que ambas instituciones continúen sus actuales reivindicaciones, van a incidir en una nueva vía respecto a la aplicación legislativa de la tasación para que la industria cerámica pueda quedar exenta o se reduzca respecto a las previsiones actuales.

Miguel Barrachina ha explicado que “entendemos perfectamente la preocupación del sector y les hemos asegurado que vamos a hacer más fuerza si cabe para ayudarles ante este problema, que entendemos injusto para ellos en la situación actual”. No obstante, el portavoz de la Diputación ha lamentado que “el Gobierno no ha planteado esta tasa por capricho, sino para corregir un problema heredado que a final de año puede suponer un déficit de 25.000 millones de euros y que si no se repercute en todos los sectores, podría suponer incluso un aumento del 43% en el recibo de los hogares”.

Hay que recordar que este aumento de la factura de la energía no afecta solo al gas de la industria castellonense, sino al toda España tanto en lo que se refiere al gas natural, como la energía nuclear, la hidráulica, las renovables y la del carbón y el fuel. Pese a ello, Barrachina ha explicado que “por encima de todo estamos al lado del sector cerámico, que es un pilar esencial tanto de la economía como de la industria castellonense”.

Hay que recordar que Javier Moliner, nada más conocer la aprobación de esta tasa, ya manifestó su “oposición frontal a su aplicación indiscriminada. Es momento de recortar lo que sobra, gravar al que especula y no castigar al que produce”, dijo. Por eso, el martes presentó una moción de cara al pleno de septiembre en la Diputación solicitando al Gobierno que tenga en cuenta esta reclamación. “Entiendo perfectamente que el Gobierno está aplicando medidas excepcionales en un momento excepcional, pero los ingresos de gravar con 2,5 euros el megavatio al azulejo castellonense puede generar más perjuicios indirectos que el ingreso directo que se busca”, explicó.

Por eso ha decidido buscar todas las vías de presión posible para intentar que “tanto el sector azulejero como el de fritas y esmaltes, no tengan que asumir un gravamen que pueda mermar su competitividad en exterior, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una industria eminentemente exportadora por la caída del consumo en España”.

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