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La Diputación de Castellón reduce un 38,8% el plazo en el pago a proveedores este año al reducirlo desde 48 a solo 29 días

29/07/2012 | elperiodic.com  
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• Este resultado es fruto del empeño de Moliner en hacer un exhaustivo seguimiento de las facturas para evitar ‘que se queden en los cajones’
• Barrachina: “La credibilidad ante los proveedores nos permite obtener mejores precios para nosotros y también para los ayuntamientos a través de la Central de Contratación”

La firme decisión de Javier Moliner de hacer de la Diputación de Castellón un modelo de eficiencia y buena gestión ha llevado a que la morosidad de la institución que preside se haya reducido en casi un 40% en el primer semestre de 2012 después de haber cerrado el informe correspondiente al segundo trimestre del año con una bajada del 15,1% respecto al primer trimestre. Tanto es así, que el informe trimestral que exige el Gobierno de España certifica que el periodo medio de pago ya es de solo 29,76 días de media, cuando a finales de 2011 era de 48,61 días de promedio.

Se trata de los datos que refleja el último informe la ley de morosidad elaborado por los servicios de Intervención y Tesorería de la Diputación Provincial de Castellón, que será remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una vez que apruebe en el pleno de julio, que se celebra el próximo martes. Este informe confirma que la Diputación es, sin duda, una de las instituciones que mejor paga a sus proveedores de toda España, en un momento en el que el principal problema es atender a los compromisos económicos adquiridos.

El compromiso del presidente de la Diputación por “ser una solución a las inquietudes de los ciudadanos, y no un problema”, llevó a Moliner a anunciar hace apenas diez días que se comprometía a retrasar el cobro de su nómina en el mismo plazo que los proveedores en el caso de que la institución provincial retrasase el pago de las facturas más allá de los 40 días que marca la ley. Este fue uno de los anuncios que acompañó a la noticia de una reducción de un 25% de su sueldo y del 19% y el 9% en el caso de los vicepresidentes y de los diputados, respectivamente.

Hay que recordar que en el primer trimestre del año, el esfuerzo de los técnicos de la Diputación por atender los pagos en tiempo y forma les permitió reducir ya un 28% el plazo medio de pago, que junto a este 15,1% adicional del segundo trimestre ha acumulado ya un 38,8% de descenso en lo que va de año.

Esta mejora en la eficiencia de la Diputación es también fruto de la insistencia de Moliner en que en todos los departamentos se haga un exhaustivo seguimiento a la trazabilidad de las facturas. Es decir, que se insista en agilizar cada procedimiento que hay que seguir entre el momento en que entra una factura, hasta que finalmente se paga.

Para evitar lo que popularmente se denomina ‘facturas en los cajones’, en algunas reuniones del Grupo Popular, el presidente provincial ha insistido especialmente a sus diputados en que “todo lo que se esfuercen por agilizar los trámites es poco”.

Además, la Diputación ha mejorado casi un 7% el índice de facturas que se pagan a tiempo con respecto a hace un año, al ser ya del 82,9%. También en el montante global de las facturas que se pagan dentro de plazo se ha mejorado un 8% respecto al segundo trimestre de 2011, ya que el 83,3% del dinero de las facturas se ha desembolsado dentro del plazo legal.

La morosidad, entendida como el retraso excesivo en el pago de facturas por obras y suministros de bienes y servicios, ha adquirido tal importancia, ante las deudas de las administraciones que arrastraban impagos de 2008, 2009, 2010, y 2011, que el Gobierno arbitró a comienzos de año un plan de pagos de 35.000 millones para evitar que este año cerrasen hasta 100.000 nuevas empresas por la creciente deuda pública. La Diputación no tuvo que acogerse a este plan debido a su buena salud financiera y al seguimiento constante para atender todos sus compromisos.

El año 2011 ya se cerro con morosidad cero a los proveedores. Al pedir el Gobierno de España el listado de deudas con proveedores, para terminar con la letal morosidad pública en el mayor examen que se ha hecho en la historia de las administraciones públicas, la Diputación certificó que no debía ni un euro a fecha 1 de enero de 2012. Por eso no se le ha requerido el plan de saneamiento que exigía el Ministerio para anticipar a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas el pago a proveedores.

“No solo cumplimos entonces con nuestras obligaciones con los proveedores, sino que en lo que va de año se está demostrando que nuestro esfuerzo por mejorar la gestión está obteniendo sus frutos. A la hora de la verdad, de lo que se trata es de contribuir a una mejora de la confianza del tejido productivo, algo de lo que desgraciadamente no va muy sobrada la sociedad española”, ha asegurado Miguel Barrachina, vicepresidente provincial y diputado de Hacienda.

El también portavoz de la Diputación explica que “la credibilidad que nos está dando el poner la gestión por delante de la política no sólo nos ha permitido obtener mejores precios ante nuestros proveedores, sino que además nuestro aval está siendo una ventaja a la hora de obtener mejores precios en los servicios que prestamos a todos los ayuntamientos a través de nuestra Central de Contratación”. El hecho de ser una de las instituciones más ágiles de España en atender sus pagos permitió, además, confirmar que el coste de intereses de demora en ese periodo ha sido de cero euros.

Como ya ha aclarado el portavoz del equipo de Gobierno, “este resultado de pronto pago a proveedores se consigue por la vigilancia exhaustiva de la trazabilidad de las facturas que circulan por la totalidad de los departamentos, es decir, que se está pendiente del proceso que lleva cada factura desde que entra en Diputación, hasta que se efectúa el pago”.

La confianza que ofrece la Diputación de Castellón a las entidades bancarias le ha permitido afrontar este año la mayor operación de crédito de su historia, al obtener una financiación de 36 millones de euros para aliviar la situación financiera de 75 municipios de los que la institución provincial tiene transferida la recaudación. Así, estos ayuntamientos han recibido un anticipo gracias a la Diputación por el que recibieron entre febrero y marzo su recaudación de impuestos como el IAE o el IBI, cedidos a la Diputación. Con ese dinero han podido pagar sus deudas con proveedores y las nóminas de sus trabajadores.

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