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El PSPV pide a la Diputación que rechace del borrador de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local lo que suponga una pérdida de autonomía municipal

28/07/2012 | elperiodic.com  
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Tras varios anuncios derivados de su Plan Nacional de Reformas, remitido a Bruselas, el Gobierno Central del Partido Popular ha presentado un borrador que modifica la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local que lejos de afrontar con profundidad y seriedad la reforma que necesita el gobierno y administración locales y la financiación de los mismos se presenta como consecuencia de la situación económica, errando una vez más al hacer aparecer a los ayuntamientos como derrochadores e ineficientes, cuando la realidad es que de toda la deuda de las administraciones públicas, apenas un tres por ciento, corresponde a los municipios, y entre ellos son los más pequeños los que ni siquiera en muchos casos soportan deuda alguna. El grupo socialista de la Diputación de Castellón entiende que resulta necesario abordar la tarea de dotar a los ayuntamientos de un modo de gobierno acorde con los tiempos; un gobierno que facilite a los ciudadanos el acceso a unos servicios públicos de mayor calidad y de menor coste, desde la exigencia de una vida democrática lo más transparente posible en sus pueblos y ciudades. Esta tarea impostergable, más que de una coyuntura, deriva de principios contenidos en nuestras normas básicas y que regulan la vida democrática y la relación entre los diferentes niveles de la administración en un estado moderno que entre todos nos hemos dado.

Por este motivo, y teniendo la provincia de Castellón un perfil de provincia de municipios pequeños y medianos (115 menores de 5.000 habitantes y 127 menores de 20.000, de un total de 135), que son los más y peor afectados por el borrador de reforma y las medidas anunciadas, y siendo la Diputación el lugar de defensa de los intereses municipales, que no son otros que los de los ciudadanos, el portavoz adjunto del grupo socialista en la diputación, Josep Gisbert, solicita a la institución provincial que en el próximo pleno rechace todo lo que en el borrador de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone una pérdida de autonomía municipal y va en contra del principio de subsidiariedad, en especial la reforma del artículo 26 y la supresión del artículo 28 de la misma. Del mismo modo, el grupo socialista pide también a la diputación que defienda la necesidad de tener en cuenta criterios de representatividad democrática y de implicación en la vida municipal antes de acometer cualquier reducción del número de concejales y que apueste por fomentar la cooperación voluntaria de municipios para la mejor prestación de los servicios de su competencia.

Asimismo, que la Diputación de Castellón considere necesario que paralelamente a cualquier modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, debe modificarse la Ley de Haciendas locales para garantizar una suficiencia financiera a los municipios y fijar de manera efectiva una participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas (PICAS), estable, incondicionado, no finalista similar al que existe respecto de la Participación en los ingresos del Estado (PIE).

Gisbert ha insistido en que "el borrador presentado por el PP, además de eliminar capacidad competencial a todos los municipios, directamente y a través de las mancomunidades, facilita el desapoderamiento de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, al tiempo que parece conducir a la privatización de la gestión de los servicios locales utilizando a las diputaciones como instrumento". "Todo ello no puede entenderse más que como un atentado a la autonomía local consagrada en el artículo 140 de nuestra Constitución y en la Carta Europea de Autonomía Local. Un atentado que reduce la democracia local a un absurdo, por cuanto supone que aquellos a quienes los ciudadanos eligen no van a ser quienes gestionan los servicios municipales y a la vez que una posible mala gestión de los servicios no podrá ser valorada en las urnas por los ciudadanos puesto que los responsables últimos son cargos de indirecta legitimidad democrática", concluye Gisbert.

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