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APECC: “La reducción de la inversión pública y, sobre todo, los impagos por parte de la Generalitat pueden tener graves consecuencias en el sector”

    La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC) manifiesta la necesidad de tomar medidas urgentes ante la situación en la que se encuentra el sector en la actualidad. La drástica reducción de licitaciones que se ha producido en el sector desde el 2007, la paralización de obras y los retrasos a la hora de cobrar de las administraciones públicas perjudican gravemente a las empresas de las construcción y a su actividad.

    Son especialmente los impagos el asunto que más está perjudicando al sector en estos momentos. La deuda viva en obra pública del Gobierno Valenciano asciende a 2.000 millones de euros y aumenta a 22.000 millones a nivel estatal. Las empresas tardan en cobrar una media de 280 días, tiempo en el que financian y soportan los gastos de la obra pública. APECC considera necesario elaborar un calendario de pagos y aplicar compensaciones de deudas tributarias, incluido el IVA y la Seguridad Social, con la deuda de las administraciones públicas. Las empresas no pueden soportar esa carga dada la carencia de capitalización que sufren. El impago por parte de la Generalitat está avocando a la destrucción de empresas de la construcción que ven imposible soportar la espera de los pagos.

    Por otra parte, en Castellón, la reducción de inversión en licitaciones del 2007 al 2010 ha sido del 64,05%, según datos de SEOPAN. El 2010 se cerró con 231.565 miles de euros invertidos en la provincia. A fecha de septiembre, durante este año se han invertido 106.645 miles de euros. Y la previsión según el Programa de Estabilidad es que la inversión pública bajará un 2’7% el próximo año a nivel nacional. Estos recortes en infraestructuras suponen un freno a la productividad ya que afecta al empleo, al aumento de los subsidios y a la recaudación del IRPF, entre otros.

    Está demostrado que por cada millón de euros invertidos en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros a corto plazo y al considerar los efectos inducidos, este retorno es de cerca del 80%. Además, por cada millón de euros que se recorta, se destruyen 18 puestos de trabajo. Según los expertos, si se sigue sin licitar nada se perderán hasta un millón de puestos de trabajo y la previsión oficial es reducir la inversión en licitaciones año tras año.

    Desde el inicio de la crisis, ya han desaparecido 5.500 empresas de la construcción en toda la Comunidad, entre autónomos y pymes. El paro del sector afecta a 91.160 trabajadores, es decir, al 17’62% del total en la Comunidad Valenciana. Esta reducción de inversión en licitaciones aboca a las empresas a la falta de ingresos, a lo que hay que unirle los retrasos de pago por parte de las administraciones públicas y a la paralización de obras. Se estima que actualmente la Generalitat mantiene paradas 1.050 millones de obras por falta de financiación.

    La reducción de licitación y la alta morosidad ha provocado el cierre del 40% de las empresas de la construcción en la Comunidad Valenciana. Y se estima que se eleve aún más la cifra si no se aplican medidas. El efecto de dicha reducción prevé una restructuración del sector intensa, rápida y sin orden. Cabe recordar que el cierre de empresas implica pérdida de puestos de trabajo, la disminución de la recaudación por IRPF y el empobrecimiento de la economía. En cambio, la inversión pública tiene un impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo, potenciando el crecimiento económico gracias a su carácter anticíclico.

    Desde la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC) se reclaman soluciones efectivas e inmediatas que impidan un cambio radical en el sector de la construcción, con la desaparición de numerosas empresas y su repercusión en la actividad, el empleo y los ingresos públicos. Asimismo se solicita la reflexión en la toma de decisiones de cómo afectan las medidas adoptadas a largo plazo y lo que ello implica. La reducción de inversión en licitaciones está suponiendo graves problemas para el sector de la construcción y todos aquellos sectores afines a su actividad, empeorando año tras años y reportando consecuencias catastróficas a largo plazo.

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