Los socialistas proponen en la Diputación una “carta de contratación” con clausulas sociales y medioambientales
El portavoz adjunto, Josep Gisbert, plantea también en la moción que el documento sea remitido a los ayuntamientos para que lo apliquen en sus contrataciones “para que no solo se tengan en cuenta criterios económicos”
El grupo socialista ha presentado para el pleno del martes una moción en la que propone la creación de una “Carta de Contratación”, consensuada por los diferentes grupos políticos, en la que se incluyan cláusulas sociales y medioambientales. Así lo ha anunciado el portavoz adjunto, Josep Gisbert, quien recuerda que “la búsqueda del interés general hace que las Administraciones públicas deban tener en consideración, además de la eficiencia económica, valores y principios sociales y ambientales que contribuyan a construir una sociedad más justa y sostenible”. Además, proponen que esa misma carta sea remitida a los ayuntamientos, con el objetivo de que también tengan en cuenta estos criterios a la hora realizar contrataciones en sus municipios. “Es un avance social que permite utilizar un ámbito tan importante, como es el de la contratación pública para no regirse única y exclusivamente con criterios económicos, sino que supongan un beneficio social y medioambiental, como ya se hace en otros países europeos”, ha explicado Gisbert.
Por este motivo, los socialistas consideran que, la propia contratación pública no puede regirse en términos análogos cómo actúan las empresas privadas en el mercado, por cuanto ella misma puede convertirse en un instrumento que incida en las diferentes políticas y en la consecución de los objetivos de cohesión y progreso integral de la sociedad. En la moción, Gisbert recuerda que la misma Ley 30/2007 de 30 de octubre señala en su artículo 134 que para la valoración y determinación de las ofertas económicas más ventajosas se deberá atender a la calidad y al precio, entre otros, “pero también a características medioambientales o a aquellas vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas, entre otras”.
Así mismo, el Dictamen 1/2003 de 21 de marzo de la Junta Superior de Contratación de la Generalitat Valenciana, motivado por el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2001-2006 (PAVACE), insta a incluir en la baremación de los concursos para la adjudicación de contratos cuestiones relativas a la contratación estable de trabajadores, la prevención de riesgos laborales o el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISM).
Además, tanto la Orden de Presidencia del Gobierno de España 116/2008 de 21 de enero, para la Administración General del Estado, como la Orden de 11 de noviembre de 2002 de la Comunidad Valenciana, para la Conselleria de Medio Ambiente y los organismos públicos dependientes de la misma, introducen criterios ambientales para la contratación pública, que bien pueden servir de ejemplos y antecedentes en cualquier inciativa en el mismo sentido.
Por último, la labor social del llamado Tercer Sector o No lucrativo en la prestación de determinados servicios, así como las ventajas que ello supone para la sociedad, en cuanto a implicación de la ciudadanía en la mejora de la comunidad, el incremento de la confianza en el seno de la misma, su arraigo al territorio, etc., hace que las entidades pertenecientes a aquel se conviertan en gestores ideales para la prestación de determinados servicios de carácter social.
