Gisbert: “El 94% de los municipios de Castelló y el 88% de la Comunitat pueden quedarse sin apenas competencias con la nueva ley del PP”

El portavoz adjunto del grupo socialista en la Diputación de Castelló y secretario de Pequeños Municipios y Comarcas del PSPV-PSOE, Josep Gisbert, ha afirmado que “el 94% de los municipios de la provincia de Castelló y el 88% del conjunto de la Comunitat Valenciana pueden quedar sin apenas competencias con la nueva ley del PP”. Gisbert ha incidido en que “la aprobación del PP en el Consejo de Ministros del viernes pasado un anteproyecto de ley que supone un recorte más, esta vez de competencias municipales, y ha dejado abierta la puerta a la privatización de los servicios básicos que prestan los municipios”. Según Gisbert, “la nueva ley supone un atentado a la autonomía municipal, consagrada en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Carta Local Europea”. “Por ello recibió un fuerte varapalo por parte del Consejo de Estado que informó con múltiples consideraciones en este sentido, pero que el Partido Popular ha ignorado y quiere sacar adelante en contra de ayuntamientos, grupos políticos y a pesar de que suponga un nuevo recorte de servicios”, añade Gisbert.

El diputado provincial ha insistido en que se trata de “un recorte que viene de haber quitado competencias a los ayuntamientos, que no podrán llevar a cabo muchos servicios de proximidad como servicios sociales, escuelas infantiles, políticas contra la violencia de género, entre otros, y que, si son menores de 20.000 habitantes, el 95% de los de la provincia, pueden ver cómo ni siquiera lo más básico, como el abastecimiento de agua por poner un ejemplo, depende de ellos, sino de la Diputación que podrá privatizar y fijar precios de las tasas correspondientes”.

Gisbert ha apuntado que “el absurdo democrático es total, puesto que los concejales elegidos no podrán decidir, y, en cambio, decidirán desde la Diputación quienes no han sido elegidos directamente por los vecinos”. “Pero quienes más daño sufrirán serán los vecinos que tendrán unos servicios más caros, menos eficientes y gestionados desde la distancia”, agrega Gisbert.

En definitiva, “se trata de una ley regresiva, vendida como eficiente y racional, pero que supone un paso atrás en democracia, proximidad y eficiencia, todo lo contrario a lo que demandan los tiempos y la ciudadanía”, concluye Gisbert.