CCOO piden a Puig el cese de la consellera de Sanidad por su "nefasta gestión de personal" en el Hospital Provincial de Castellón
Dos sentencias del Contencioso-Administrativo han declarado nulas y contrarias a derecho las modificaciones del personal del centro sanitario
Nuevamente la Justicia pone en entredicho las políticas de personal de la Sra. Barceló en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC).
A pesar del mandato legal que prima la figura del funcionario o estatutario en la Sanidad Valenciana y del mandato judicial que así se lo ha recordado en casi una decena de sentencias, la Sra. Barceló no ceja en su empeño de laboralizar plazas de funcionario.
Las Sentencias mandan un mensaje claro y contundente de la ilegalidad que han cometido, cometen y seguramente cometerán, porque a pesar de condenarles en costas procesales {500 € + IVA por cada procedimiento) sus bolsillos no se sienten afectados. Así, en las dos últimas sentencias de 15 y 18 de noviembre de 2021, ambas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón, sentencias 237 y 246 respectivamente, vuelven a declarar nulas y contrarias a derecho las resoluciones dictadas por el Gerente del Provincial por las que se ordena la publicación de las modificaciones orgánicas adoptadas por la Presidenta del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, la Sra. Barceló.
Desde la Sección Sindical de CCOO-CHPC hacen un llamamiento al Presidente de la Generalitat para que cese en su puesto a la Sra. Barceló. "¿No es suficiente una decena de sentencias que declaran la nulidad de su política de personal para que la cese?, ¿no es suficiente con otra decena de sentencias (y las que faltan por llegar) de nulidad del procedimiento de homologación que están llevando a cabo?, ¿qué más necesita el Sr. Puig para cesar a la Consellerade Sanidad?".
Lo que ha quedado claro de la gestión de la Sra. Barceló es su política de "dejación y desmantelamiento" del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, su política de personal contraria a derecho y anulada por los Tribunales de Justicia y su "nepotismo" en la Dirección del Centro, suprimiendo la negociación colectiva y dejando sin voz a más de 1000 empleados públicos.
