Artemi Rallo denuncia que el PP “ha instrumentado los procesos constitucionales para provocar una regresión"
El Grupo Socialista ha votado en el Congreso de los Diputados a favor de que el Gobierno utilice con "proporcionalidad" su facultad para interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional. Además, los socialistas defienden que no se usen estos recursos "como instrumento de presión política sobre las Comunidades Autónomas".
El encargado de defender la postura del Partido Socialista ha sido su portavoz en la Comisión de Calidad Democrática, el castellonense, Artemi Rallo, quien ha recordado que 40 años de vida constitucional "nos obligan a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y órganos constitucionales". En este sentido, ha señalado, las Comunidades Autónomas "han contribuido decisivamente a un progreso social y económico sin parangón en toda nuestra historia, y han garantizado justicia y solidaridad entre nuestros territorios".
"No son muchas las previsiones constitucionales que demuestran los recelos del constituyente hacia las futuras instituciones autonómicas, pero, sin duda, el apartado segundo del art. 161 de nuestra Constitución es una de ellas", porque la facultad del Gobierno de suspender la vigencia de leyes, disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas recurridas ante el Tribunal Constitucional implica atribuirle una superioridad exenta de condición o límites", ha señalado.
Por ello, "tras cuarenta años de Estado Autonómico operativo, las Comunidades Autónomas han probado su derecho a una relación con las instituciones del Estado en términos de igualdad y simetría". Su posición ante el Tribunal Constitucional "debe sustentarse en el obligado respeto institucional mutuo que solo se garantiza preservando la igualdad entre las partes", pero el Gobierno del Partido Popular "ha instrumentado los procesos constitucionales para provocar una clamorosa regresión en nuestro modelo autonómico, para imponer una hiriente generalización de los recortes sociales y para impedir la reversión acometida por numerosas Comunidades Autónomas de dichos recortes sociales".
"Los valencianos lo sabemos muy bien"; ha dicho Rallo, "porque hemos sufrido veinte años de mal gobierno del Partido Popular; veinte años de despilfarro, saqueo y corrupción, y, desde 2015, el hostigamiento político y judicial del PP", como el recurso de inconstitucionalidad contra el acceso universal a la atención sanitaria o el recurso contra la supresión del copago farmacéutico a pensionistas o personas dependientes.
Por todo ello, el diputado ha exigido al Gobierno "lealtad". "Es lo que demandan las Comunidades Autónomas en sus relaciones con el Gobierno de la Nación: lealtad al interponer recursos de inconstitucionalidad, al interponer conflictos de competencias y al invocar la suspensión prevista en el apartado segundo del artículo 161 de la Constitución.
Además, Rallo ha aprovechado para defender una reforma constitucional que, sirviéndose de los elementos definitorios del federalismo, "preserve la unidad y la diversidad, garantice las singularidades autonómicas, promueva la cohesión y la igualdad y fortalezca la unidad y la autonomía territorial": En definitiva, una reforma "que impulse instrumentos de colaboración y cooperación y que consagre el principio de lealtad entre el Estado y las Comunidades Autónomas".
