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La Agencia Valenciana de Protección del Territorio acerca Castellón las herramientas para agilizar los procedimientos urbanísticos

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio acerca Castellón las herramientas para agilizar los procedimientos urbanísticos
  • Castelló de la Plana acoge una jornada sobre los instrumentos autonómicos en materia urbanística y el papel de la AVPT

  • Un total de 40 municipios de Castellón han trasladado ya sus competencias urbanísticas a la Agencia

 

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), organismo adscrito a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ha celebrado en Castelló, una jornada sobre los instrumentos autonómicos en materia de disciplina urbanística y el papel de la AVPT.

Esta iniciativa se suma a la celebrada ya en València y a la programada para el día 31 en Elche, sede de la Agencia, para tratar los mecanismos legales y herramientas que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad pone a disposición de los municipios de la Comunitat Valenciana para agilizar los trámites y procedimientos urbanísticos.

En estas jornadas han participado la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Imma Orozco, el director gerente de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, Manuel Civera, y el director general de Urbanismo, Vicente García Nebot.

Estas jornadas van dirigidas principalmente a representantes y técnicos de los municipios adheridos a la AVPT. En el caso de la provincia de Castellón son ya 40 municipios los que han acordado en las sesiones del pleno de sus ayuntamientos, trasladar esta competencia a la Agencia.

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio tiene como objeto ejercer las potestades administrativas de disciplina urbanística respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, en el territorio de los municipios que se adhieran.

Asimismo, la Agencia es un instrumento al servicio de la protección de la legalidad urbanística y de la minimización de los impactos territoriales, y supone un impulso de descentralización y un fomento de la cultura de protección del territorio.

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