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Salvador presenta a los alcaldes las actuaciones previstas en las viviendas sociales de la provincia de Alicante

Salvador presenta a los alcaldes las actuaciones previstas en las viviendas sociales de la provincia de Alicante

    La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha presentado a los alcaldes de los municipios de la provincia de Alicante donde gestiona viviendas del parque público de la Generalitat, las principales actuaciones que el Consell ha diseñado en cada uno de ellos.

    Para ello, Salvador se ha reunido con los representantes municipales para explicarles la nueva política en materia de vivienda que ha puesto en marcha el Consell y de qué manera se va a reflejar en las localidades de la provincia de Alicante.

    En primer lugar, la Consellera ha destacado el esfuerzo inversor que está realizando la Generalitat para mejorar las condiciones del parque público. "Al acceder al gobierno recibimos como herencia 700 viviendas sociales en condiciones de inhabitabilidad por toda la Comunitat. Dada la apuesta firme del Gobierno Valenciano por la vivienda social, hemos destinado para este año 6,5 millones de euros para la reparación de 500 pisos, la mitad se ejecutará en este primer semestre y el resto, en el segundo". Respecto a las 200 viviendas restantes, se rehabilitarán durante 2017.

    En la actualidad, la Conselleria está reparando 25 viviendas en la provincia de Alicante, con una inversión de 145.000 euros. De ellas, 13 se están reformando en Monóvar, 10 en Castalla y 2 en Torrevieja.

    Además, tiene en valoración 43 viviendas para su próxima rehabilitación distribuidas de la siguiente manera: 10 en Alicante ciudad, 9 en Alcoi, 9 en Rojales, 4 en Elda, 3 en Petrer, 2 en Sax, 2 en Monóvar y 1 en Jijona, Almoradí, Dolores y San Miguel de Salinas. Asimismo, tiene pendientes de valorar otros 46 inmuebles en la provincia: 31 en la ciudad de Alicante, 7 en Alcoi, 4 en Elche, 3 en Benejuzar y 1 en Denia.

    Hay que tener en cuenta que en esta legislatura la Conselleria ya ha adjudicado 40 viviendas en la provincia, siendo necesaria la reparación de 39 de ellas con un coste de 398.000 euros. De los pisos adjudicados, 8 se cedieron en Alcoi, 6 en Almoradí, 6 en Crevillent, 5 en Elda, 4 en Elche, 3 en Biar, 3 en Santa Pola, 2 en Monformte del Cid y una en Alicante, Dolores y Monóvar.
    Riesgo de exclusión social.

    Salvador ha destacado el compromiso adquirido por el Consell de estar al lado de las personas más desfavorecidas y que se encuentran en riesgo de excusión social. De hecho, de las viviendas adjudicadas, 12 eran familias que había perdido su casa a causa de una ejecución hipotecaria y 5 víctimas de violencia de género.

    La Conselleria, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), gestiona 5.745 viviendas en los siguientes municipios de la provincia: Alcoi, Alicante, Almoradi, Altea, Aspe, Benejuzar, Beniferri, Biar, El Campello, Castalla, Cocentaina, Crevillente, Denia, Dolores, Elche, Elda, Ibi, Jave, Jijona, Monforme del Cid, Monovar, Mutxamel, Novelda, Onil, Orihuela, Pego, Petrer, Pinoso, Rojales, Salinas, San Migel de Salinas, Sant Vicent de Raspeig, Sant Joan dAlcant, Santa Pola, Sax, Torrevieja y Villena.

    La consellera ha explicado que unas de las intervenciones más relevantes previstas en la provincia son las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que se desarrollarán en el barrio José Antonio de Alicante, con una inversión asignada de 2.838.000 euros; en el barrio del Carmen de Alicante ciudad, con un presupuesto de 3.884.400 euros; en Palmerales de Elche, con un coste de 2.116.400 euros; y por último, otro en el grupo Barbacana-Plaza Les Xiques de Alcoi, con 447.200 euros.

    El objetivo de los ARRUS es mejorar las condiciones de los habitantes de estos grupos de promoción pública mediante el acondicionamiento de los edificios desde el punto de vista ambiental, térmico, de accesibilidad y de mejora de las instalaciones comunes. También incluyen reparación de viviendas asaltadas para que puedan ser nuevamente alquiladas.

    Además, estos ARRUS van acompañados de medias complementarias en el ámbito social y económico a través del desarrollo de Planes de Intervención Integral Sostenible para lograr una normalización y revitalización de estos barrios.

    Entre estas medidas están la realización de inspecciones para tener actualizada la identificación de los ocupantes de los inmuebles y sus circunstancias familiares; la organización de sesiones informativas para que los vecinos tengan conocimiento de los mecanismos existentes para las diferentes circunstancias que se les puedan plantear en relación con su contrato (bonificaciones o acuerdos de aplazamiento de deuda); campañas informativas con las comunidades de vecinos para concienciar de la necesidad de una buena convivencia y el mantenimiento de los elementos comunes.

    Salvador ha resaltado la importancia que tiene la colaboración de los ayuntamientos para que estos planes sean realmente efectivos. "Los servicios sociales municipales son los encargados de elaborar los informes socioeconómicos en los que se valoran las circunstancias de cada familia. Además, también participan en las charlas informativas organizadas con los residentes y las comunidades de vecinos", ha explicado.

    Además de las zonas de los ARRUS, la Conselleria también está desarrollando en la provincia de Alicante otros Planes de Intervención Integral en la zona de Almafrá de Elda, en el grupo de Almoradí, en el de Monóvar, en tres grupos de Novelda y en la zona Pablo Iglesias I y II de Santa Pola.

    Por otra parte, la Consellera ha expuesto ante los alcaldes uno de los principales problemas que afecta al parque público de la Generalitat en esta provincia, la ocupación ilegal de las viviendas sociales. En estos momentos hay 367 ocupaciones, de las que 34 son recientes, posteriores a julio de 2015. "Queremos lanzar un mensaje claro: vamos a tener tolerancia cero en las ocupaciones ilegales recientes. No puede ser que estas acciones ilícitas impidan acceder a una vivienda a las familias sin recursos que respetan la legalidad. Son personas que crean importantes conflictos en los grupos y, además, impiden desarrollar la política de normalización y reforma de las viviendas en las que estamos trabajando", ha concluido.

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