Nueva decisión judicial que da la razón a Sepes en el contencioso por el PAI Walaig en Monforte del Cid

Por quinta vez, los tribunales dan la razón a Sepes, organismo público del Ministerio de Vivienda, en el contencioso que mantiene con el Ayuntamiento de Monforte del Cid por el irregular desarrollo del PAI Walaig. En esta ocasión, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han desestimado un recurso del Ayuntamiento contra una sentencia de febrero de 2008, y han confirmado la invalidez de la decisión adoptada por la Alcaldía el 23 de mayo de 2006, que pretendía resolver unilateralmente el convenio firmado en su día con Sepes para promover una actuación industrial.

Ya en mayo pasado, otra sentencia del TSJCV anulaba el Programa de Actuación Integrada (PAI) del ámbito denominado “Walaig”, y la adjudicación de las obras de urbanización a una empresa sin cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ahora, esta quinta decisión judicial comunicada a la Abogacía del Estado el pasado 29 de junio, confirma que la Alcaldía no podía resolver el Convenio firmado con Sepes, después de que esta entidad había impulsado toda la tramitación del PAI que finalmente el Ayuntamiento adjudicó a Intersa Levante S.L. Además, la sentencia condena expresamente al consistorio al pago de las costas procesales.

Proceso de diálogo
Tras conocerse la sentencia del TSJCV del pasado mes de mayo, el director general de la Entidad, Félix Arias, invitó a la alcaldesa de la localidad alicantina a estudiar una solución consensuada a la situación. Este proceso negociador ya ha comenzado con una primera reunión celebrada en la sede de Sepes el pasado mes de junio. Sepes ha solicitado al Ayuntamiento y a la empresa constructora Intersa Levante S.L. la paralización voluntaria de las obras de urbanización del ámbito, para evitar que la continuación de los trabajos llegue a causar daños a terceros que pudieran reclamar al Ayuntamiento de Monforte del Cid compensaciones económicas.

En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, propuso el desarrollo de la actuación en terrenos que son casi en su totalidad propiedad de esta entidad, en un proceso que terminó en 2005, con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo.

Pero en 2006, el Ayuntamiento denunció unilateralmente los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de las obras, iniciando un proceso urbanístico que, como han venido señalando todas las instancias judiciales, no se ajustó a derecho.