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Pérez: "las empresas eléctricas y gasistas deben pagar por la utilización de suelo público"

  • EUPV se acoge a cinco sentencias del Tribunal Supremo para exigir el canon de aprovechamiento de suelo a las empresas de suministros de luz y gas

La diputada de EUPV en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, ha presentado una propuesta en la Diputación de Alicante donde solicita que se dé apoyo técnico a aquellos municipios alicantinos que soliciten la elaboración de ordenanzas fiscales y estudios técnicos para la tramitación de los cobros de la tasa de ocupación de suelo a las empresas eléctricas y gasistas por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía y gas.
Al igual que la Diputación de Valencia, la formación de izquierdas considera que la institución homologa en Alicante debe poner en marcha el mecanismo que dé apoyo a aquellos pequeños municipios en los cuales les resulte imposible realizar la valoración real del aprovechamiento del suelo y el subsuelo por estas compañías. Para ello, se acogen a la estimación del recurso del Tribunal Supremo de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Villalcampo contra la sentencia del TSJ de Castilla y León, que había estimado el recurso interpuesto por REE contra la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

La diputada incide en la incapacidad técnica de pequeñas localidades alicantinas para realizar la valoración de las líneas eléctricas de alta y media tensión, las canalizaciones de gas que se encuentran en sus términos municipales o el cálculo de la tasa por utilización del dominio público en este sentido. Por tanto, es necesario que la Diputación de Alicante ofrezca cobertura técnica, como es su responsabilidad legal, a aquellos municipios que les resulte inviable realizar este procedimiento.

Pérez indica que el cobro de este canon supondrá, sin duda, un alivio para la economía local y será enormemente positiva puesto que la recaudación puede servir para mejorar la vida de los alicantinos existiendo un mayor ingreso de dinero que podría emplearse en desarrollar políticas sociales con el objetivo de ayudar económicamente a familias que no pueden pagar sus facturas con dichas compañías.

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