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El Consell facilita que los fondos remanentes de Reciclatges La Marina se queden en la sociedad pública para beneficio de los ayuntamientos

    El Consorcio de residuos A1 ha aprobado la aceptación del recurso de reposición de Reciclatges La Marina contra el Consorcio, por la distribución de unos pagos pendientes desde 2014. Esta sociedad pública que gestiona la planta de transferencia de Dénia está participada por los ayuntamientos de la Marina Alta y la Generalitat valenciana, a través de Vaersa.

    A través de la paralización de la privatización de esta sociedad pública llevada a cabo por la Generalitat valenciana en la actualidad, se paraliza la absorción de los fondos líquidos remanentes de Reciclatges por el principio de caja fija de la Generalitat y la sociedad mantiene los fondos líquidos netos en sus cuentas. El objetivo es la defensa del interés público de los ayuntamientos de La Marina.

    Con ello, la sociedad pública Reciclatges la Marina dispondrá de capacidad para mejorar la planta de transferencia de Dènia (de más de 10 años de antigüedad), así como para colaborar en la reparación de deudas procedentes de ejercicios anteriores, en todo o en parte, de forma objetiva, proporcionada e igualitaria, si procede, a todos los ayuntamientos de la sociedad pública y del Consorcio de residuos A1. Este asunto no se puso encima de la mesa del consorcio en la legislatura anterior. En su día los ayuntamientos de la Marina Baixa, que utilizan la otra planta de transferencia pública de Benidorm, sí pagaron estos costes de 2014.

    "La política de privatizaciones de sociedades públicas o mixtas de gestión de residuos de la provincia de Alicante en la legislatura anterior, participadas por la Generalitat (que contaba con la oposición total de la Diputación de Alicante y de los municipios del PP de Alicante), perseguía veladamente el expolio económico de los disponibles de tesorería de estas sociedades (ahorros de dotación anuales para reinversiones, entre otros)", ha señalado el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer.

    Según ha indicado, con el giro del Consell, se permite a la sociedad pública Reciclatges disponer de sus ahorros para los ayuntamientos y para la mejora de las instalaciones en la zona, dando de este modo, alternativas en la gestión y solución de los asuntos que sistemáticamente no se abordaban en la legislatura anterior.

    Por el contrario, con la privatización inicialmente prevista por el gobierno anterior, esta posibilidad hubiera sido absolutamente nula, ha añadido.

    Por otro lado, el Consorcio A1, ha manifestado su voluntad de pasar a ser el corazón de la gestión de residuos de la zona, de la misma forma que sucede en las provincias de Castellón y Valencia.

    Desde el Consorcio A1 y la Generalitat valenciana se asume que situaciones como ésta, heredadas del pasado, deberán ser abordadas, debatidas y aprobadas para poder mejorar la gestión de los residuos urbanos en cada consorcio de residuos de la provincia de Alicante.

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