García Antón: “Mientras en Cataluña hacen canales para regar, en la Comunitat sólo tenemos desaladoras”
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13/07/2009
El conseller de Medio Ambiente y Agua ha firmado un Convenio con la Universidad de Alicante para el estudio de la situación de los caudales del Tajo-Segura
El estudio analizará la situación real de las reservas del Tajo y de las necesidades de los regadíos de la provincia de Alicante
El conseller de Medio Ambiente asegura que este estudio es necesario para poder defender nuestros intereses ante la Comisión del Tajo-Segura y el Estatuto de Castilla La Mancha
“Mientras en Cataluña es importante hacer canales de riego, llevar agua para regar y poner en regadío 70.000 hectáreas, con más de 16.000 beneficiados directos en más de 74 municipios, en la Comunitat Valenciana lo único importante es hacer una desaladora para dar un poco de agua de boca con el elevado coste que tiene”, ha asegurado el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, en la firma de un convenio entre la Universidad de Alicante y la Fundación Agua y Progreso para realización de estudios y seguimiento de los volúmenes de agua trasvasables y de los caudales circulados por el Acueducto Tajo-Segura.
El conseller ha hecho estas declaraciones en referencia a la puesta en marcha de los primeros cinco kilómetros del canal Segarra-Garrigues, una infraestructura que cuando acabe tendrá una longitud de 84 km, dará servicio a 16.000 regantes catalanes y que permitirá aumentar la producción agraria de varias comarcas de Lérida y que supone en palabras de su Presidente, José Montilla, “el emblema del proceso de transformación más grande que se hace hoy en Europa”.
El conseller de Medio Ambiente ha recordado también que el Estatuto de Castilla La Mancha, que en estos momentos se encuentra en el Congreso, estipula el 2015 como fecha de caducidad del Trasvase Tajo-Segura, “algo intolerable y que no vamos a permitir de ninguna manera”, según ha afirmado García Antón.
“Por ese motivo –ha continuado el conseller- necesitamos tener datos precisos de la situación real del Trasvase Tajo-Segura, conocer cómo vienen las precipitaciones, cuál es nuestra necesidad de agua, el tipo de estructuras que hay, cuáles son las aguas subterráneas que se utilizan o los caudales desalados, de manera que tengamos la mejor información para defender nuestros derechos ante la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y el Plan Hidrológico del Tajo que se están reuniendo para debatir la cantidad de agua a trasvasar”.
Según ha explicado García Antón en la firma del convenio, “para disponer de información suficiente y defender nuestros intereses, nadie mejor que la Universidad de Alicante, muy prestigiosa en algunas materias como el agua, para determinar cuál es la situación real del Tajo, del trasvase y de los regadíos de sus cuencas”.
En el convenio se establecen las líneas de estudio que llevará a cabo la Universidad de Alicante. Se analizará la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, cuáles son sus existencias, el límite de reservas y los sobrantes disponibles.
También se estudiarán las compensaciones económicas a los agricultores de Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid, quienes han recibido 300 millones de euros en indemnización por el agua transferida por el Trasvase Tajo-Segura entre los años 1986 a 2007.
Además, y dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, se estudiará la situación del regadío del Tajo-Segura para conocer con exactitud cuáles son los cultivos implantados, la evolución de los aprovechamientos, la demanda agrícola de agua, la dotación de infraestructuras y la rentabilidad socioeconómica de nuestros cultivos.
“Se trata de tener una base científica que nos dé la fuerza para defender nuestros intereses, y nadie mejor que la Universidad de Alicante y el Instituto de Geografía para realizar este estudio”, ha asegurado García Antón.
Una infraestructura imprescindible
La población dependiente del Trasvase Tajo-Segura representa el 56% del total de la provincia de Alicante. El agua del trasvase es insustituible en muchas poblaciones porque no disponen de recursos alternativos.
El Trasvase Tajo-Segura también cumple una función ecológica, ya que si no existieran estos recursos hídricos habría una mayor explotación de los acuíferos y, en consecuencia, un incremento del agua subterránea salinizada.
Además, el agua desalada es cinco veces más cara que la que proviene del Trasvase Tajo-Segura por lo que su utilización para los regadíos es del todo inviable.
El conseller ha hecho estas declaraciones en referencia a la puesta en marcha de los primeros cinco kilómetros del canal Segarra-Garrigues, una infraestructura que cuando acabe tendrá una longitud de 84 km, dará servicio a 16.000 regantes catalanes y que permitirá aumentar la producción agraria de varias comarcas de Lérida y que supone en palabras de su Presidente, José Montilla, “el emblema del proceso de transformación más grande que se hace hoy en Europa”.
El conseller de Medio Ambiente ha recordado también que el Estatuto de Castilla La Mancha, que en estos momentos se encuentra en el Congreso, estipula el 2015 como fecha de caducidad del Trasvase Tajo-Segura, “algo intolerable y que no vamos a permitir de ninguna manera”, según ha afirmado García Antón.
“Por ese motivo –ha continuado el conseller- necesitamos tener datos precisos de la situación real del Trasvase Tajo-Segura, conocer cómo vienen las precipitaciones, cuál es nuestra necesidad de agua, el tipo de estructuras que hay, cuáles son las aguas subterráneas que se utilizan o los caudales desalados, de manera que tengamos la mejor información para defender nuestros derechos ante la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y el Plan Hidrológico del Tajo que se están reuniendo para debatir la cantidad de agua a trasvasar”.
Según ha explicado García Antón en la firma del convenio, “para disponer de información suficiente y defender nuestros intereses, nadie mejor que la Universidad de Alicante, muy prestigiosa en algunas materias como el agua, para determinar cuál es la situación real del Tajo, del trasvase y de los regadíos de sus cuencas”.
En el convenio se establecen las líneas de estudio que llevará a cabo la Universidad de Alicante. Se analizará la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, cuáles son sus existencias, el límite de reservas y los sobrantes disponibles.
También se estudiarán las compensaciones económicas a los agricultores de Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid, quienes han recibido 300 millones de euros en indemnización por el agua transferida por el Trasvase Tajo-Segura entre los años 1986 a 2007.
Además, y dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, se estudiará la situación del regadío del Tajo-Segura para conocer con exactitud cuáles son los cultivos implantados, la evolución de los aprovechamientos, la demanda agrícola de agua, la dotación de infraestructuras y la rentabilidad socioeconómica de nuestros cultivos.
“Se trata de tener una base científica que nos dé la fuerza para defender nuestros intereses, y nadie mejor que la Universidad de Alicante y el Instituto de Geografía para realizar este estudio”, ha asegurado García Antón.
Una infraestructura imprescindible
La población dependiente del Trasvase Tajo-Segura representa el 56% del total de la provincia de Alicante. El agua del trasvase es insustituible en muchas poblaciones porque no disponen de recursos alternativos.
El Trasvase Tajo-Segura también cumple una función ecológica, ya que si no existieran estos recursos hídricos habría una mayor explotación de los acuíferos y, en consecuencia, un incremento del agua subterránea salinizada.
Además, el agua desalada es cinco veces más cara que la que proviene del Trasvase Tajo-Segura por lo que su utilización para los regadíos es del todo inviable.
