La Diputación reclama consenso al presidente del Consorcio de la Vega Baja
La Diputación de Alicante ha reclamado a la presidencia del Consorcio de Residuos de la Vega Baja mayor consenso y transparencia tras la decisión unilateral de la misma de contratar, por decreto y sin consulta previa, un determinado gabinete jurídico para la personación de este órgano en el juicio del caso Brugal.
El diputado de Protección y Gestión del Territorio, Javier Sendra, ha expresado esta mañana, durante la reunión de la Junta de Gobierno de este órgano, su malestar por “esta decisión unilateral que afecta a un tema tan complejo” ya que, en su opinión, la elección del gabinete que representará judicialmente al Consorcio debería haber sido consensuada con todos los representantes de este órgano y estar sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.
“Desde la Diputación de Alicante ya hemos demostrado nuestro apoyo a la nueva presidencia del Consorcio pero entendemos que una decisión así debería haberse adoptado de común acuerdo”, ha insistido Sendra, quien ha recordado que “cuando fue necesario solicitar un informe jurídico para determinar si se adoptaba o no la rescisión del contrato con la anterior UTE, se sometió a la Junta que fue quien decidió de forma mayoritaria qué jurista debía emitirlo”.
Otra muestra de la predisposición del Gobierno Provincial para llegar a consensos y despolitizar este órgano queda constatada en la aprobación, por unanimidad, de todos los puntos del orden día de la Junta.
Por otra parte, diferentes representantes de municipios integrantes del Consorcio han solicitado también que se ponga en marcha de forma inmediata la planta de transferencia en la Vega Baja que evite a los municipios el envío de los residuos a las plantas de Elche, Xixona o Villena, lo que implica un elevado coste para los ayuntamientos y los ciudadanos de esta comarca.
Finalmente, durante la reunión se ha aprobado por unanimidad la modificación de los Estatutos del Consorcio por la que la Diputación de Alicante pasa a ostentar el 21% de la representación, frente al 15% actual, mientras que la Generalitat Valenciana reduce su porcentaje del 25% al 19%, con el fin de ajustarse a la legislación vigente que establece un mayor carácter local de los consorcios.
