El PSOE de Diputación pregunta por el informe jurídico sobre el contrato de residuos de la Vega Baja
Raúl Medina: “Lo único que busca el PP de la Diputación es dilatar todo este proceso hasta las elecciones de 2015, conocedores de la responsabilidad política que pueda existir en torno a este contrato"
El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante ha preguntado por la fecha en que está previsto que el consorcio de residuos de la Vega Baja, reciba el informe jurídico externo, encargado a la Universidad Carlos III sobre las posibles causas de resolución o rescisión, del contrato para la gestión de residuos del Plan Zonal de la Vega Baja, así como las causas de prejudicialidad penal. Informe este que el propio consorcio solicitó hace ya tres meses y que el diputado de Medio Ambiente se comprometió a que estaría a disposición del Consorcio el pasado 16 de junio.
El diputado socialista, Raúl Valerio Medina, ha indicado que este es un tema urgente ya que las actuaciones de última hora pueden perjudicar a la Diputación, al consorcio y a los ayuntamientos y además se pronunciará sobre “la posibilidad de rescindir la adjudicación de la recogida y gestión de residuos a Cespa-Ortiz por supuestas irregularidades en cuanto al retraso en la puesta en funcionamiento de la planta de transferencias prevista en Cox o la falta de suelo para construir la planta definitiva proyectada en Albatera”.
Desde el Grupo Socialista sospechan que “lo único que busca el PP de la Diputación es dilatar todo este proceso hasta las elecciones de 2015, ya que son conocedores de las irregularidades que existen en torno a este contrato”. Y han indicado que prueba de ello fue la decisión del pasado 8 de mayo, del Grupo Popular de dejar sobre la mesa la moción del Grupo Socialista porque estaban a la espera de dicho informe. “Esta negativa a debatir la moción supuso una absoluta indefensión ante el PP que utilizó su mayoría para no pronunciarse sobre cuestiones importantes para los ciudadanos”.
Medina ha incidido en que el Plan Zonal “debe revisarse y adaptarse a la realidad actual, y a las Directivas Medioambientales para que algo como lo que está ocurriendo no vuelva a pasar. La construcción del vertedero tal y como se prevé es obsoleta y no cumple con los mínimos de reutilización y reciclaje. El coste del tratamiento del residuo es excesivo para al final destinarse a tirarlo a un vertedero. El alto índice de rechazo unido a ese alto precio sólo parece buscar el aumentar el beneficio, por uno y otro lado de la empresa concesionaria”.
