El Grupo Socialista de la Diputación exige la derogación de la Ley de Reforma Local
Alejandro Soler: “Esta Ley va contra la esencia misma del gobierno municipal, ya que recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos”
El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, ha registrado una moción, pidiendo la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya que está produciendo un fuerte malestar “especialmente en los aspectos claramente perjudiciales para los ciudadanos y ciudadanas por suponer una merma en derechos y prestaciones consolidados”. Por lo que los socialistas piden la redacción de un nuevo proyecto consensuado y cuya adaptación a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera no conlleve demérito en la prestación de servicios y de la autonomía local.
El Portavoz del Grupo Socialista, Alejandro Soler, ha señalado que “esta Ley va contra la esencia misma del gobierno municipal, ya que recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos”.
Soler ha incidido en que “con la aplicación de esta Ley los municipios dejan de ser una Administración Territorial con un elenco competencial propio y característico y pasan a ser entidades subordinadas. Se producirá un traspaso universal de competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones provinciales, con la clara intención de acaben en manos de empresas privadas. Al final las familias tendrán menos servicios y pagarán más por ellos”.
El Grupo Socialista ha incidido en que se verán afectados servicios como “el apoyo a la mujer, políticas contra la violencia de género o transporte colectivo, así como escuelas de adultos o escuelas infantiles”. Y han insistido en que a partir de 31 de diciembre de 2015 los Ayuntamientos no podrán continuar prestando gran parte de los servicios sociales dirigidos a los ciudadanos que requieren una protección o atención especial consecuencia de su situación personal o familiar y respecto de los que la inmediatez constituía requisito de su eficiencia.
También por un extremado rigor en la aplicación que hace la Ley de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, en determinadas circunstancias se obligará a la disolución de algunas entidades, como empresas públicas, mancomunidades, consorcios o entidades locales menores, que venían prestando servicios de relieve y que contaban con la aceptación de la ciudadanía.
