El PSPV-PSOE denuncia los obstáculos de la Generalitat sobre los casos de niños robados y exige aumentar los medios para facilitar las investigaciones
Salazar ha acusado al gobierno del PP en la Generalitat de tener a las asociaciones de afectados de “convidados de piedra, ya que no tienen ni voz ni voto en las comisiones donde se está tratando la cuestión”
Modesta Salazar, Diputada Autonómica del PSPV-PSOE por la provincia de Alicante, ha denunciado el incumplimiento por parte del gobierno del PP en la Comunidad Valenciana de la Resolución 70/VIII, sobre el apoyo a las madres biológicas de niños robados y a las asociaciones que las representan, aprobada por el pleno de Les Corts en la reunión del 7 de marzo de 2012, y solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta resolución –recuerda Salazar- se negoció con el PP “que finalmente se avino a hacer una declaración conjunta” pero que, transcurrido un año “el PP y la Generalitat Valenciana no están cumpliendo, ya que están poniendo todo tipo de problemas a las víctimas para que desistan de su objetivo de localización de sus familiares”.
En este sentido la diputada socialista ha pedido al Conseller de Justicia que ponga los medios suficientes para que las pruebas de ADN se realicen en un plazo de tiempo razonable. “Creemos que tres meses, a lo sumo cuatro, es un tiempo razonable para que las personas que están en proceso de exhumaciones puedan tener resultados” ha afirmado. Así, Salazar denunció que han pasado casi 15 meses desde que se hizo la exhumación -cuyos resultados se han conocido recientemente- en el cementerio de Alicante, existiendo diez personas de la provincia pendientes de esta prueba de ADN que se realiza en Barcelona, y hasta que no llegan los resultados no se puede avanzar en la investigación. "Hay que tener en cuenta el calvario de esas personas que están esperando, y con familiares mayores que van falleciendo sin saber el resultado de esas pruebas" ha declarado.
Por esto, y para que estos plazos se acorten, la socialista ha propuesto que desde la Generalitat Valenciana se dote al Instituto de Medicina Legal de Valencia de reactivos, condiciones idóneas y la acreditación de personal, para que se puedan realizar estas pruebas de ADN en la Comunidad Valenciana. “Si así lo hacen estarán ayudando a las personas que están pendiente de los resultados de las exhumaciones” ha reivindicado.
Salazar, en relación a las cifras en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana, ha informado sobre la existencia de diez casos de personas pendientes de pruebas, y más de 80 que han presentado denuncias –datos de la provincia- y en la Comunidad Valenciana hay unas 400 que están intentando localizar a sus familiares.
Además, Salazar ha denunciado que el PP sólo ha creado una comisión interparlamental, que era uno de los puntos de la resolución aprobaba hace un año y que no se ha convocado “pero ha creado otra comisión en la que las asociaciones son convidados de piedra, no tiene ni voz ni voto. Nuestra petición fue que se les escuchara, porque conocen de primera mano las dificultades que tienen cuando van a los hospitales para pedir los historiales o en los registros civiles, o en los cementerios, en relación a los registros, por lo antiguo de algunos casos” ha denunciado Salazar.
También, dentro de las propuestas del PSPV-PSOE se encuentra la del nombramiento de un fiscal coordinador único para toda la Comunidad Valenciana, así como uniformidad de acción en las técnicas de exhumación y que se respeten de protocolos, con presencia de arqueólogos y técnicos cualificados. “Queremos que pongan a disposición de la víctimas los especialistas adecuados para realizar el censo de las personas que necesitan encontrarse, y respetando las que no quieren saber nada”.
Por último Salazar ha señalado que “no es una cuestión económica, sino de justicia política” recordando que el anterior Conseller de Justicia, Jorge Cabré, explicó en septiembre en las Cortes que este asunto “no exigía grandes cantidades de recursos materiales, que era cuestión de voluntad política". Es por esto que Salazar ha afirmado que “no nos pueden decir que por cuestiones de crisis no se puede colaborar, y la verdad es que la voluntad política del PP en el gobierno de la Generalitat es de nulo compromiso, pese a que firmaron la resolución”.
