La Diputación de Alicante elabora un Plan Económico Financiero para cumplir la regla del gasto en 2016
La Diputación de Alicante ha elaborado un Plan Económico Financiero, que someterá mañana a la Comisión de Hacienda, con el objetivo de cumplir este año la regla del gasto que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este mecanismo se adopta como consecuencia del incumplimiento de esta obligación legal en el ejercicio 2015 debido, principalmente, a la implicación de la institución en el programa de la Xarxa de LLibres.
El vicepresidente y diputado de Economía, Carlos Castillo, ha informado esta mañana del contenido de este Plan con el que se contempla un reajuste del presupuesto de 2016 que conlleva la reducción del gasto en 7.826.491 euros.
Para ello, el Plan Económico Financiero establece dos medidas; por un lado la no disponibilidad de créditos, que reduciría el presupuesto de gastos en 3.399.884 euros y, por otro, la minoración de la partida destinada este año a la Xarxa de Llibre, que pasará de los 5,9 millones de euros previstos a 1.482.668 euros. “Estas operaciones financieras permitirán reducir los 7,8 millones de euros de desfase, garantizando de esta forma el cumplimiento de la regla del gasto en este ejercicio”, ha resaltado Castillo.
El vicepresidente ha recordado que en una primera fase del plan de gratuidad de libros de texto –ejecutada en 2015-, el Gobierno Provincial aportó 5,9 millones de euros (para abonar 100 euros por alumno) mientras que para la segunda fase se previó la misma cuantía supeditada, en este caso, a la disponibilidad presupuestaria.
En este sentido, ha explicado, que la Diputación de Alicante mantendrá una partida de 1,4 millones para la segunda parte de este programa “aunque ni siquiera sabemos cuánto dinero se va a tener que poner realmente” ya que, tal y como ha recordado, la cuantía a aportar viene determinada por varios requisitos, entre ellos, el número de alumnos que lo hayan solicitado, cuántos de ellos entregan los libros de texto, en qué estado y el importe de las facturas.
“La Generalitat fijó el plazo de un mes desde la finalización del curso escolar para justificar todos estos requisitos y a fecha de hoy, en la Diputación de Alicante, no nos constan los datos de ninguno de ellos” por lo que, ha añadido, “es imposible saber cuánto dinero tenemos que poner en esta segunda fase, ni siquiera de manera estimada”. No obstante, ha intuido que en ningún caso se alcanzará la totalidad de lo establecido inicialmente.
“La Diputación de Alicante está obligada a cumplir la regla del gasto y no podemos dilatar lo que nos exige una ley orgánica” que, según ha explicado, establece que el Plan Económico Financiero debe estar aprobado en un plazo de dos meses, una vez se ha dado cuenta al pleno del incumplimiento de la regla del gasto en el ejercicio anterior. Esta fecha expira el próximo 28 de julio.
No obstante, Castillo ha señalado que en caso de que finalmente la necesidad económica de la Xarxa de Llibres fuera mayor, el Gobierno Provincial hará un esfuerzo para abonar su parte, tal y como ya se hizo en 2015. “Cuando sepamos de qué cantidades estamos hablando, sabremos qué hacer y si fuera necesario aportar más del millón y medio de euros que ya hemos comprometido, haremos un esfuerzo y buscaremos mecanismos para asumirlo”, ha indicado.
Decreto coordinación turística
Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, el vicepresidente ha señalado que el Gobierno Provincial interpondrá un recurso de reposición contra la sentencia del TSJCV que rechaza la petición de la Diputación de Alicante de suspender el decreto de coordinación turística. El recurso, en el que ya está trabajando los servicios jurídicos de la institución, se presentará el próximo martes.
“No compartimos ni el fallo judicial ni la fundamentación de la sala y conforme a derecho presentaremos un recurso de reposición con el objetivo de hacer entender a la sala que el criterio que debería atender esa medida no ha sido estimado suficientemente”, ha señalado.
Castillo ha reiterado, además, que “esos decretos no son la manera más adecuada de coordinar las acciones de las administraciones y entendemos que hay base legal y también jurisprudencia para obtener la nulidad de los mismos”.
“Esto no es manera de coordinar, esto es un atraco político en toda regla; esto no es coordinación, esto es imposición”, ha añadido el diputado, para quien esta concentración del poder político en detrimento de la autonomía de las provincias y de los municipios retrae recursos a los alicantinos.
Finalmente, ha señalado que “desde el Gobierno Provincial vamos a ir hasta el final en la defensa de los intereses de los alicantinos, con todas las armas que legítimamente tenemos”.
