El Consell reclama al Gobierno central que cumpla su compromiso en materia hídrica con los alicantinos
El President de la Generalitat, Francisco Camps, ha presidido la reunión con diversos sectores de Alicante para analizar la problemática del agua en la provincia
Cotino ha asegurado que el Consell seguirá luchando por el agua en Alicante porque es necesaria para sus habitantes y además genera empleo
El Consell impulsará la jornada sobre el agua que se celebrará en IFA el próximo mes de febrero a propuesta de la sociedad civil alicantina
Tras la reunión, el Vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha denunciado que el Gobierno central está tomando decisiones que perjudican gravemente a los habitantes de la provincia de Alicante y por ello, ha reclamado al Ejecutivo de Zapatero que cumpla su compromiso con los alicantinos y les garantice un agua de calidad y a un precio justo.
En el encuentro también han participado el director general del Agua, José María Benlliure; el presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, José Andújar; el presidente y el portavoz de la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda, Manuel Serrano y Ángel Urbina; el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, Andrés Martínez; el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte; el presidente de la comisión del Agua de Coepa, Joaquín Rocamora; el presidente y el director general de IFA, Moisés Jiménez y Antonio Galváñ; y el director y el subdirector de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos y Jesús Castellano.
Según ha explicado el Vicepresidente, “la Generalitat está junto con regantes, usuarios y sociedad civil porque el Gobierno central no ha acertado con el Júcar Vinalopó y ahora tampoco lo está haciendo con el Tajo-Segura”.
Para Cotino, “el agua debe de estar por encima de los políticos porque es un elemento imprescindible para los alicantinos, además de ser necesaria para los ciudadanos, es una herramienta generadora de empleo, y asegurarla en Alicante garantiza la creación de puestos de trabajo”.
“Por todo ello, -ha añadido- el Gobierno central tiene que asegurar tanto la calidad del agua que llega del trasvase del Júcar, como su precio, que debe ser revisado por el Ministerio junto con los afectados, porque de no ser así el trasvase será inviable por falta de usuarios”.
Además, el Vicepresidente ha asegurado que en los términos actuales, “el agua que se trasvasará tendrá una calidad muy inferior a la necesaria, debido a la decisión del Ministerio de cambiar la toma inicial. Asimismo, resulta demasiado cara para los usuarios del trasvase, que no están de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Medio Ambiente que ha incumplido con lo acordado”. “Por eso todavía no sabemos quién va a utilizar el agua que venga desde el Júcar”.
El Vicepresidente ha recordado que la Generalitat ha invertido más de 80 millones de euros en las obras del postrasvase, que beneficiarán a 22.000 agricultores de 16 comunidades de regantes y a 20.000 hectáreas para riego agrícola en los términos municipales de Villena, Salinas, Monóvar, La Romana, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y Elche.
Jornada sobre el agua
En el transcurso de la reunión se ha acordado organizar una jornada en la que se plantearán propuestas a los problemas en materia hídrica que sufre la provincia de Alicante, y que también, supongan la creación de empleo.
Esta jornada, propuesta por los representantes de la sociedad civil alicantina que han asistido a la reunión, se celebrará el próximo mes de febrero en la Institución Ferial Alicantina (IFA) y en ella participarán representantes de entidades de riego, empresarios, sector industrial, del turismo, ayuntamientos, consumidores y usuarios, entre otros colectivos alicantinos.
Rechazo al agua desalada
Durante la reunión también se ha abordado las últimas decisiones del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino acerca de reducir en un 40% la dotación de agua para consumo para la provincia de Alicante procedente del trasvase Tajo Segura, lo que obligará a los municipios alicantinos a agua desalada con un precio tres veces superior a la del trasvase.
Según ha explicado Cotino, “esta decisión unilateral del Ministerio supone que los alicantinos tendrán que pagar un sobrecoste de 3,5 millones de euros de más durante el próximo semestre, al obligarles a consumir el agua desalada a la que se comprometió la Mancomunidad de Canales de Taibilla con las empresas de desalación, un sobrecoste que, dada la actual situación de crisis, los ciudadanos no se pueden permitir”.
“En un año hidrológico tan favorable como el que hemos tenido, el abastecimiento de estas comarcas debe provenir fundamentalmente de las aguas superficiales y no de la desalación, que únicamente debe utilizarse como garantía para otros años de mayor escasez. De esta manera, utilizando únicamente las aguas superficiales en buenos años hidrológicos se podrá afrontar desde el punto de vista financiero las etapas de sequía que pueden llegar en el futuro”, ha destacado.
Asimismo, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la Mancomunidad, dirigida por el Gobierno de España, revise los compromisos adquiridos para consumir una determinada cantidad de agua desalada, puesto que estos compromisos pueden afectar al funcionamiento financiero de la Mancomunidad y a la subida de las tarifas.
Cabe recordar que la cantidad necesaria para consumo humano en los municipios de la Mancomunidad de Canales del Taibilla es de 72 hm3, pero el empeño del Gobierno central en dar salida y actividad a las desaladoras ha llevado a esta entidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a solicitar al Trasvase Tajo-Segura únicamente 43,2 hm3, por lo que los restantes recursos que necesita la provincia tendrá que cubrirse con agua desalada.
