El PP cede a las exigencias de Cs de retirar las competencias al diputado provincial de Deportes por su vacunación indebida
Javier Gutiérrez y Julia Parra presentan por registro una moción con sus propuestas para asegurar el cese de políticos que se salten el protocolo sanitario
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación provincial y coordinador provincial, Javier Gutiérrez, y la vicepresidenta primera de la institución, Julia Parra, han confirmado que el Grupo Popular ha aceptado la exigencia de retirar las competencias al diputado provincial de Deportes, Bernabé Cano, tal como ha exigido la formación naranja tras conocerse que está siendo investigado por recibir una vacuna contra la Covid-19.
Los dos diputados de Cs han presentado además por registro una moción que recoge tres peticiones. En primer lugar, se requiere al Gobierno de la Generalitat, que, en un ejercicio de transparencia, haga públicos los listados de todos aquellos cargos que han recibido la vacuna contra la COVID-19 con la finalidad de poder determinar quiénes se han saltado los protocolos de Sanidad abusando de una situación de poder.
El segundo lugar, Cs exige requerir a todos los partidos que, en pro del buen gobierno y la ética política, inicien los correspondientes expedientes de investigación a los militantes con cargo electo que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 e impulsen comisiones de investigación en las corporaciones en las que tengan representación, incluida la Diputación de Alicante. En caso de que se determinara que dichas vacunaciones se han producido abusando de sus cargos y saltándose los protocolos establecidos, Cs aboga por que se les exija que asuman sus responsabilidades.
Desde el grupo Cs, se reclama también que el pleno de la Diputación de Alicante manifieste la necesidad de que el equipo de Gobierno y todas las formaciones políticas con presencia institucional asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualquiera de sus cargos públicos que se salte el plan de vacunación o incumplan el protocolo establecido en provecho propio, o beneficiándose de su posición, perjudicando de esta manera con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.
