Paiporta financia con 4.000 euros la campaña de acogida de niños saharauis 'Vacaciones en paz'
El Ayuntamiento de Paiporta ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Paiporta Humanitaria (APAHU) y la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharauí (FASPS-PV) que supondrá una ayuda de 4.000 euros destinada a sufragar la campaña 'Vacances en Pau'. Esta acción permite a centenares de niños y niños saharauis pasar unas semanas a tierras valencianas, donde pueden recibir tratamientos médicos que no tienen a su alcance en sus lugares de origen.
El convenio se firma después de los acuerdos de estas entidades con la Concejalía de Cooperación Social y Voluntariado, de la cual es titular la concejala Isabel Martínez. A la firma del convenio asistieron el alcalde accidental de Paiporta, concejal de Empleo y Comercio y primer teniente de alcaldía, Vicent Ciscar, la concejala de Bienestar Social, Maribel Albalat, y la presidenta de la FASPS-PV, Lourdes Crespo, así como la presidenta de APAHU, Yolanda Chabarri, y el delegado saharaui para la Comunidad Valenciana, Alali Emboiric Mohamed.
Moción de APAHU por los presos políticos
Por otro lado, el Ayuntamiento de Paiporta aprobó en el pleno de octubre una moción institucional, a petición de APAHU, en la que instaba al gobierno de España a que exija la anulación del juicio contra los acusados por los hechos relacionados con el desmantelamiento del campamento de refugiados de Gdeim Izik. La moción exige la revisión exhaustiva de todo el proceso, incluidas las torturas para extraer los testimonios, y se elevará a 10 instituciones entre las cuales está el gobierno central, el Ministerio de Asuntos Extranjeros o la presidencia del Parlamento Europeo.
Los hechos se remontan al año 2010, cuando el ejército marroquí desalojó de forma violenta el campamento de Gdeim Izik, asentamiento cercano El Aaiun ocupado por 20.000 saharauis. En aquel desalojo violento murieron 11 policías marroquíes y 2 civiles saharauis. El proceso judicial por aquellos hechos no contó con ninguna garantía democrática y procesal, como han denunciado numerosas instituciones internacionales, y acabó con la condena de 22 personas a penas entre la cadena perpetua y los 7 años de prisión. Las únicas pruebas para estas sentencias dictadas por Marruecos son declaraciones firmadas por los acusados bajo torturas y amenazas, según todos los indicios.
