Desestimado el recurso que pedía archivar el caso del Edificio Mar de Oropesa
Este juzgado estudia si existió un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio en el intento de legalizar dos edificios de 600 apartamentos en Oropesa, conocidos como Edificio Mar, construidos sobre suelo no urbanizable.
El abogado y denunciante Santiago Dalmau ha explicado que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso porque considera que "de las actuaciones se deducen indicios suficientes para entender que ha podido cometerse un delito".
En el procedimiento están imputados el ex alcalde de Oropesa Francisco Garrido, el ex arquitecto municipal y otros tres ediles que votaron a favor de las licencias pese a existir un informe negativo del secretario del Ayuntamiento.
Dos de los concejales pertenecían al grupo independiente -en el gobierno municipal en 2003, cuando se originó el caso- y el otro, Juan Manuel Ribes, fue después expulsado del PSPV.
Posteriormente, el juez citó a declarar como imputados al actual alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), y al arquitecto de la promotora que construyó los edificios, aunque ambos han presentado un recurso a su imputación que todavía está por resolver, según ha relatado Dalmau.
La construcción de los dos edificios, situados en el antiguo cámping Torrepaquita, en la zona de la Playa de la Concha, se aprobó en la legislatura de 1999-2003, cuando el independiente Francisco Garrido detentaba la alcaldía.
En concreto, la primera licencia de obras se otorgó el 9 de agosto de 2002 y la segunda el 23 de mayo de 2003, pero el intento de recalificación del suelo sobre el que están construidos los edificios se produjo cuando Rafael Albert ya era alcalde de la localidad.
Según el abogado, "el intento de legalización" se produjo en un pleno convocado por la vía de urgencia el 13 de agosto de 2005, que quedó posteriormente anulado al aceptar la alegación de que "no había causa de urgencia en la convocatoria del pleno", por lo que los edificios se encuentran todavía sobre suelo dotacional privado de un cámping que el antiguo PGOU calificaba como terciario.
Según Dalmau, en el mismo terreno donde se construyeron las dos torres que conforman el "Edificio Mar", la empresa San Joan de Moro S.L solicitó la licencia para construir otros dos bloques de viviendas situados en el mismo terreno a pesar de que el suelo no está recalificado como urbanizable.
