El juzgado acepta ampliar la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento por presuntos enterramientos ilegales de basura en La Murada
El concejal de Medio Ambiente, Manuel Gallud, ha anunciado hoy que el juzgado número 3 de Orihuela ha ampliado la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Orihuela por los enterramientos de basura en varias parcelas de La Murada. En este sentido, el edil ha detallado que, con esta decisión, el juzgado ha incluido en la denuncia algunas parcelas que se habían quedado fuera de la denuncia inicial y que el Ayuntamiento deberá realizar catas en estas nuevas parcelas para adjuntar los resultados de estas a la investigación. “Quiero hacer un llamamiento a los vecinos de La Murada a que se pongan en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente si conocen parcelas en las que exista un posible vertido y que no se esté investigando sobre ellas”, ha dicho el concejal, quien ha sospechado de que existan más parcelas en esa situación.
Gallud ha recordado que estas actuaciones judiciales comenzaron en octubre de 2011, cuando la Concejalía de Medio Ambiente interpuso la denuncia por los residuos enterrados en varias parcelas de La Murada siendo concejal Manuel Culiáñez. En noviembre de ese año, se comunicó a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Seprona la existencia de lixiviados que, presuntamente, procedían de la planta de residuos de Proambiente, situada entre Abanilla (Murcia) y La Murada.
En julio de 2012, la concejalía de Urbanismo decretó el cierre provisional de la planta de Proambiente, ha añadido Gallud, quien ha señalado que “después de todo esto, la conselleria de Medio Ambiente envió un escrito en el que se requirió a la Concejalía de Medio Ambiente a que comprobase si, efectivamente, había residuos en esas parcelas, puesto que sus propietarios se habían puesto en contacto con la conselleria para decir que no había enterramientos”. “Lo que tiene que hacer la conselleria es investigar”, ha dicho Gallud al mostrar unas imágenes en las que se ven plásticos y otros
residuos presumiblemente tóxicos enterrados a un metro de profundidad. “Esto es un delito medioambiental y un delito contra la salud de las personas y la conselleria ha tratado de esconderlo y engañar a los ciudadanos”, ha opinado.
