Patrimonio pretende ahorrar hasta un tercio de la factura eléctrica de los edificios públicos a través de su diagnóstico y certificación energética

El Concejal de Patrimonio, Antonio Zapata, ha anunciado que a través de la contratación de una empresa dedicada a la certificación energética de inmuebles según la normativa vigente y la ayuda concedida de fondos europeos a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) el Ayuntamiento podrá conseguir un ahorro de entre 200 y 300.000 euros anuales en la factura de la luz que abona por el suministro de los edificios públicos, que ahora cuesta entre 800 y 900.000 euros anuales y cuyo recibo más elevado es el del Palacio del Agua, de unos 170.000 euros al año.

El trabajo de la empresa de certificación que ha prestado el servicio se ha realizado en el segundo semestre del año pasado. En una primera línea de trabajo se ha conseguido optimizar la potencia contratada en cada uno de los edificios. Según ha dicho el edil, se dan casos como que La Lonja tenga contratada el doble de la potencia que necesita o que el edificio de la Policía Local pague por la inyección de una potencia cuatro veces superior a la óptima del inmueble. Solo con esta medida, por ejemplo, en el Palacio del Agua se podrán ahorrar 10.000 euros al año, pero se actuará igualmente para ajustar el contrato a sus necesidades reales en las instalaciones de Ildo, Cris, la Escuela de Artes Aplicadas o el Pabellón Bernardo Ruiz. El objetivo es doble: “la contención del gasto y el compromiso medioambiental”.

En una segunda línea de trabajo, otra empresa está realizando sin coste alguno para el Ayuntamiento desde noviembre la inspección general de las instalaciones y maquinaria del Palacio del Agua al objeto de redactar un informe en el que proponga nuevas medidas de mejora y ahorro del consumo eléctrico.

También en diciembre se le concedió a Orihuela una subvención europea para el estudio y diagnóstico de 10 edificaciones municipales, cuyo importe está por concretar a la espera de su inspección.

Zapata ha recordado que todas estas medidas de Patrimonio son complementarias a la adjudicación por parte de la Concejalía de Infraestructuras de una auditoría energética del término municipal, excluidos los edificios públicos, que se adjudicó en septiembre y está elaborándose durante un periodo de seis meses. El alumbrado público supone una factura de 4,5 millones de euros anuales. Solo el viario cuesta -ha recordado Zapata- 2,6 millones; el de la Costa, 375.000 euro; la reposición, 115.000 euros y en pequeñas inversiones se pagan otros 90.00 euros más.