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El Botànic contra la huerta de Valencia

30/11/2017
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Por Jesús Salmerón (@Salmebe)

La Huerta Valenciana forma parte de nuestro más preciado patrimonio paisajístico, natural, histórico y cultural que a los valencianos nos pertenece e identifica. Un activo del que sentirnos orgullosos y que nos corresponde proteger y promover. Recordando aquel viejo eslogan, de nuestra huerta se podría decir que si no existiera, habría que inventarla.

Sin embargo, el campo valenciano y los agricultores que lo trabajan, viven tiempos difíciles, ya no solo por la voraz fiebre de los booms urbanísticos que hemos venido sufriendo a lo largo de los años, sino porque por desgracia, nos encontramos ante la inexistencia de un proyecto, de un modelo agrario sólido y consensuado, que brinde protección al agricultor y a la huerta. Por desgracia, estos días vivimos cómo a la pasividad cómplice ante la destrucción y degradación del campo valenciano de anteriores Gobiernos, cabe añadir el sectarismo, mala planificación y réditos políticos que tratan de obtenerse a cualquier precio por el Consell del Botànic.

Es este el caso de un Proyecto de Ley de la Huerta de Valencia presentado esta semana en Les Corts, un texto elaborado por y para los suyos, que distingue entre agricultores de primera, segunda y tercera, cuyo factor decisivo es la afiliación política de los mismos, olvidándose de la realidad del campo valenciano, del 'llaurador valencià', que es quien hacen posible que la huerta sea una realidad rentable y en definitiva, quien mantiene su valor cultural, paisajístico y natural.

Sin embargo, asistimos con perplejidad y estupefacción, a cómo se sigue dejando abandonados a su suerte a los agricultores, a cómo, no sólo no se les ha escuchado y tenido en cuenta, sus necesidades de impulso y reconocimiento, sino que además, nos encontramos ante una nueva exhibición de imposición, castigo y afán confiscatorio, denominación de origen del Consell del Botánic, que añade una nueva carga al castigado sector agrario, imponiéndole al agricultor, que cultive forzosamente sus tierras bajo amenaza de expropiación.

Este es, por desgracia, el fidedigno retrato de la falta de diálogo y consenso aplicado por el Consell hacia parte de nuestro patrimonio natural, organizaciones agrarias y especialmente hacia los agricultores, ignorándoles, sin voz ni voto y cada vez más castigados, recortando su capacidad de decisión sobre sus propios cultivos y por si fuera poco, chantajeándoles con perder sus tierras en caso de no explotarlas.

Paradójicamente, quienes han pretendido hacer de la huerta su bandera, se olvidan de quienes la trabajan, del necesario relevo generacional, de la sostenibilidad de los sistemas de cultivo y de la dignidad de los precios del campo valenciano. Mientras que se trata precisamente, de promover las condiciones adecuadas de impulso a la huerta, para que ésta sea rentable y pueda ser mantenida por sus agricultores, concretamente, suprimiendo trabas, gravámenes y aranceles, abriendo el abanico de las oportunidades de mercado a nuestros productos, promoviendo el reconocimiento de su calidad y facilitando la venta de nuestros productos con denominación de origen, tal como posibilita la reciente ratificación del CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá.

Resulta pues complicado de entender, que haya voces que arremeten contra un Tratado, el CETA, que promueve el crecimiento sostenible y respetuoso con los retos medioambientales. Más bien resulta de difícil comprensión que se apoye precisamente todo lo contrario, es decir, la imposición de trabas, el aumento de cargas o la restricción de la capacidad de decidir de los agricultores, que plantea el proyecto de Ley de la Huerta sometido a debate esta semana en el Parlamento valenciano.

Así pues, asistimos una vez más, al estrepitoso fracaso anunciado de un modelo agrario, caracterizado por la falta de diálogo y escucha de las necesidades de la huerta, que ignora el necesario impulso de la actividad agraria, la que verdaderamente conserva y valoriza el campo valenciano. Nos encontramos por tanto, ante un modelo que obvia flagrantemente, la realidad agraria, territorial, económica y social, y que distingue entre agricultores de primera y de segunda, a la hora de otorgar las ayudas establecidas en los programas agrarios, según su dedicación al campo.

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