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El auge del discurso de Odio

19/07/2017
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Por Jesús Salmerón (@Salmebe)

A menudo echamos la vista atrás y nos encontramos con la vorágine de avances y desarrollo tecnológicos que han permitido que nos adentremos en un panorama de interacción constante de carácter bidireccional entre tecnología y sociedad, en el que han adquirido una especial relevancia las distintas Plataformas de comunicación online.

No obstante, debemos ser conscientes de que, más allá de lo que señaló Kranzberg sobre la tecnología, que "no es ni buena ni mala, ni tampoco neutral", durante los últimos años estamos asistiendo a la incesante escalada de mensajes de ira y odio, que se propagan rápidamente por Internet a través de las distintas redes sociales.

La figura del delito de odio, regulada a través de la reforma operada con la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de 2015, y recogida en el artículo 510 del Código Penal, ha surgido como consecuencia de la proliferación de una serie de conductas con la presencia del odio y la discriminación como denominador común y elemento determinante de las mismas, por motivos de discapacidad, raza, origen étnico, procedencia, religión, creencias, orientación e identidad sexual, situación de exclusión social o cualquier otra circunstancia, condición social o personal. De modo que se utiliza como instrumento de calificación de una serie de comportamientos reprochables, que denigran la dignidad humana y menoscaban la identidad, tanto individual como colectiva, de aquellas personas a quienes afecta.

Pese al avance en la articulación de medidas de protección y atención a las víctimas de delitos de odio, solamente cabe pensar en los medios de difusión, transmisión y comunicación de que se disponía hace no más de 10 años, a la hora de realizar cualquier conducta actualmente tipificada como delito de odio, para darnos cuenta de que, ante la realidad cambiante en la que inluyen la difusión y transmisión de la información y las comunicaciones actuales, una vez más los instrumentos de prevención, concienciación y erradicación de todas las manifestaciones y modalidades de difusión de los delitos de odio, avanzan un paso por detrás de la realidad social.

Dicho esto, me explico. Según las cifras de delitos de odio registradas en el Sistema Estadístico de Criminalidad en España durante 2016, presentadas en el Informe sobre la Evolución de Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España, los ámbitos delictivos que presentan mayor número de incidentes son los relacionados con el racismo y xenofobia, discapacidad, ideología y orientación o identidad sexual, constituyendorespectivamente, un 32,7%, 20,6%, 20,4% y 18,1% del total de hechos conocidos.

No obstante, además del incremento que supone respecto al año 2015, especialmente en el caso de los hechos registrados por motivo de la orientación o identidad sexual, con 230 casos registrados, no podemos obviar el número de casos que no llegan a registrarse ni denunciarse, y es que en muchos de ellos, los hechos registrados por agresiones físicas, insultos o amenazas hacia las personas LGTBI no representan más que la punta del iceberg, tal como señalan los datos del Observatorio Hatento o el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. En este sentido, se ha pronunciado también la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, señalando que solamente se denuncia un 10% de las agresiones por motivos de odio.

Por lo que si a esta problemática, le añadimos el desafío que supone la proliferación del discurso de odio a través de Internet y las redes sociales, que más allá de suponer un amplio espacio de actuación y anonimato para los agresores, nos encontramos con una situación doblemente agravada para las víctimas, por la percepción de aislamiento y falta de empatía que sufren y las víctimas de delitos de odio a través de estos medios, en los que en muchas ocasiones, el mero sentimiento de culpa, miedo a ser incomprendido o a denunciar, especialmente en casos de cualquier forma de violencia por motivos de orientación e identidad sexual, deriva en una situación de infradenuncia de estos hechos, un auténtico tormento e incesante angustia de las víctimas que no hace más que reforzar la impunidad de los agresores.

En cuanto al perfil del agresor por odio, pese a ser difícil definir un tipo concreto, sí es común que sea gente joven influenciada por el grupo al que pertenecen. Es por esto que no solo basta con que desde las grandes empresas del ámbito de las tecnologías de la información, como Facebook, Twitter o Youtube hayan suscrito el Código de Conducta promovido por la Comisión Europea comprometiéndose a asumir un papel más activo en la lucha contra la difusión del Hate Speech, sino que deben ser los propios Estados, nuestras Administraciones, las que velen por la implementación de las medidas de persecución, prevención y concienciación necesarias, para combatir y erradicar los delitos de odio y sus distintas modalidades de difusión.

Lamentablemente, el silencio y la relativización acerca de la problemática que entrañan los delitos de odio, es el factor más significativo de que se trata de una lacra a la que hay que seguir combatiendo, desde todos los flancos posibles. Por lo que, no solo cabe pensar en la elaboración de una ley de igualdad LGTBI más que necesaria, a la luz de los numerosos casos de agresiones y manifestaciones de odio de todo tipo que actualmente se siguen produciendo, sino también articulando medidas de carácter asistencial, de sensibilización, asesoramiento a las víctimas y profundizar en la recogida de datos de cualquier manifestación de odio.

En este ámbito, cabe mirar una vez más hacia la encomiable labor que vienen realizando diversas entidades a través de distintos instrumentos, adelantándose a las Administraciones, como en el recientemente creado Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio por motivos de orientación sexual o identidad de género del que cabe esperar algún tipo de colaboración por parte del actual Consell, del que todavía se espera la implementación de medidas en materia de Igualdad de Trato, Xenofobia y manifestaciones de intolerancia. Por lo que hay que seguir avanzando, reivindicando la actuación desde todos los campos posibles, de todas las entidades, colectivos y Administraciones en la articulación de medidas que sigan haciendo frente a todas las manifestaciones de odio e intolerancia. Puesto que hasta el momento vemos como una vez más, son las propias entidades, asociaciones y colectivos sociales quienes están a la vanguardia de erradicación de cualquier conducta y expresión denigrante de los derechos y la dignidad de las personas por su condición o identidad.

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