Sopas con onda

Supongamos que España fuera una gran empresa. Empresa de la que todas y todos somos socios accionistas y de la que dependemos, en exclusiva, para poder subsistir, ya que no disponemos de otros ingresos para ello…

Supongamos que los políticos son los trabajadores que tenemos contratados a jornada completa para que gestionen esta empresa y la mantengan en condiciones óptimas.

A estos trabajadores, por el grado de responsabilidad que asumen, les pagamos unos sueldos más que justos, en muchos casos se podrían calificar de excesivos, incluso les ofrecemos dietas de kilometraje, para las estancias y comidas, y les ponemos a la puerta lujosos coches oficiales con su chófer y todo…

Además, cuando se les acaba su carrera política, les ofrecemos unas pensiones vitalicias que ya las quisiéramos para nosotras, y también les damos altos cargos en grandes empresas para que puedan tener un buen colchón en su larga y confortable vida…

Ahora, pensemos en la brutal reforma laboral que han aplicado éstos mismos que nos están gestionando la empresa, aunque claro está, no se la aplican a sí mismos, sino a los que, supuestamente, deben cuidar y beneficiar, es decir, a nosotros, los socios accionistas. Recortes en las prestaciones, despidos sin apenas indemnización, ampliación de horarios, bajada de sueldos… O en los recortes aplicados en Sanidad, Servicios Sociales, Educación, que han dejado estos tres pilares básicos de un Estado en condiciones lamentables…

Y pensemos también en que una gran parte de estos trabajadores a sueldo que tenemos contratados nos mienten, malversan nuestro dinero, utilizan información privilegiada para sus propios intereses, chanchullean con nuestros recursos, se lucran con especulaciones varias… y nosotros no somos capaces de reaccionar.

En cualquier otra empresa, se pedirían daños y perjuicios a los responsables de cualquier irregularidad que hubiera hecho menguar las arcas de la misma.

En cualquiera otra, se expedientaría a esas personas que han cometido actos de corrupción y se les despediría con esa tacha sobre su currículum, que haría bastante improbable que se les contratara en otra empresa que preciara su nombre.

En cualquier sitio tendrían serias dificultades para poder seguir en sus cargos y con el derroche de vida que llevan… en cualquier sitio, menos en esta gran empresa deficitaria e infectada de corrupción, llamada España. Y todo, porque los socios accionistas, es decir, la ciudadanía, o al menos una gran parte de ella, no es capaz de exigir que se respeten sus derechos y se deje de dilapidar los recursos públicos.

En las pasadas elecciones hubo un 33,03% de socios que prefirió volver a contratar a esos empleados corruptos y malos gestores, y otro 30,16% ni siquiera fue capaz de pronunciarse al respecto, quedándose en casa y otorgándoles a esos penosos políticos, la posibilidad de que sigan bien cómodos en sus poltronas.

No sé si vamos a unas terceras elecciones o no (parece que San Albert Rivera nos las va a evitar), pero algo que tengo bastante claro es que, en unas hipotéticas terceras elecciones, habría bastantes más socios accionistas que se quedarían en casa y también habría más (son esas cosas que nadie entiende y que, aún menos, nadie admite) que votarían a favor de esos malos administradores que nos han dejado en la ruina, a costa de enriquecerse algunos…

Creo que deberíamos asistir masiva y obligatoriamente a un curso intensivo de buenas prácticas empresariales y de cómo ser un buen jefe, para poder aplicar técnicas de liderazgo que nos permitan asumir nuestro rol de ciudadanos activos-críticos, y pedir responsabilidades a aquellos empleados que no cumplan con sus obligaciones o gestionen mal nuestra empresa.