La corta y sesgada memoria de algun@s

Llevo años y años detrás de diferentes pancartas reivindicativas por una educación pública de calidad, ya que han sido muchos los años de ataque feroz hacia ella.

Si mi memoria no me falla, el más nefasto y controvertido Conseller de Educación que hemos tenido, Alejandro Font de Mora, comenzó la guerra a la educación pública ya en mayo de 2006, nada más aprobada la LOE, con diversos decretos que potenciaban de manera clara la escuela concertada, como aquel Decreto de Admisión de Alumnado, que desequilibraba la matriculación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, derivándolos hacia la pública, o, ya en 2007, los polémicos conciertos de Bachillerato, existiendo plazas suficientes en los centros públicos.

Y la instalación por doquier de los famosos barracones, que comenzaron como provisionales, pero en los que muchos alumnos y alumnas han comenzado y acabado sus estudios (y que, junto a los sobrecostes y la mala gestión, han dejado un agujero negro de 1000 millones de euros).

En enero de 2008 se publicó otro decreto polémico, el de Derechos y Deberes de alumnado, profesorado y padres y madres, cuando un par de días antes, en el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana se había aprobado la modificación del mismo. Y en abril de ese mismo año, apareció el decreto que regulaba la Educación para la Ciudadanía en inglés, con la entrada en las aulas de dos profesores.

Todo esto marcó un antes y un después en las aulas de nuestra comunidad, ya que a partir de entonces todo han sido ataques, de una u otra manera, hacia la escuela pública: reducción en las horas de filosofía, el uniforme como medida para frenar el fracaso escolar, el chino mandarín o las tablets que causaban miopía…

Más tarde, con la excusa de la crisis económica, se intensificó todo esto y fue a partir de 2010 cuando comenzaron a eliminarse cientos de plazas de docentes y unidades escolares, además de ampliar las ratios de manera escandalosa (el resultado de este período negro fue la eliminación de casi 4000 puestos de trabajo y 600 unidades) con lo se perdió la compensatoria en los centros escolares, además de la posibilidad de hacer desdobles y de poder prestar la atención adecuada a la diversidad del alumnado…

Y también llegó la privatización y la cesión de recursos públicos a centros privados.

Y el recorte en las ayudas de comedor, libros y transporte.

Y la antidemocrática y segregadora LOMCE…

Y… tantas y tantas agresiones hacia la escuela pública. Esa escuela que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades a todas y todos. Esa escuela, la pública, que es inclusiva y democrática.

Y ahora resulta, que el nuevo Conseller de Educación, Vicent Marzá, hace un ajuste en las unidades educativas en base a la demanda existente, y recorta doce (doce, 12, solo doce) unidades en centros concertados por no llegar a la ratio mínima exigida por la ley, y los empresarios del sector se lanzan a un ataque furibundo capitaneados por personajes políticos que, desde luego, poco o nada creen en la educación pública, ya que resulta evidente que a ellos les mueven intereses bastante más mercantilistas.

Está claro que el concepto de educación que tienen algunos sectores de este país, no entra en los parámetros de igualitaria y democrática, ya que discrimina por sexos, es intolerante con los diferentes y aparta y margina a quien no cumple el ideario, además de haberse convertido en un negocio muy rentable para algunos, con el beneplácito de la administración autonómica y central.

Ya está bien de prebendas. La educación no puede ser nunca un negocio, sino que ha de ser un servicio a la comunidad, para garantizar el Derecho a la Educación en igualdad de condiciones.

Es por ello que yo me manifiesto a favor de la educación con garantías.

SÍ A LA PÚBLICA. NO A LA LOMCE.