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Por Manuel Altava
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La Constitución y los barcos de vapor

    Los mejores de los nuestros, desde el minuto uno del runrún nacional-independentista de Mas, han intentado poner sobre la mesa soluciones, pensando, reflexionando, estudiando, con la mente abierta, con generosidad intelectual, lejos de maximalismos, gritos o soflamas, echando un vistazo a la Constitución, a la Historia, a los procesos significativos democráticos, españoles, europeos y sus particularidades catalanas. Siguen en ello, pero los tiempos se agotan.

    Tras la carta de Mariano Rajoy, defendiendo la vigencia del ordenamiento constitucional y jurídico, abogando por la lealtad y el diálogo, así como la intervención de un ex ministro, José Luis Corcuera, en un foro periodístico y las opiniones y voces de tantos, el debate abierto por el presidente catalán se ha intensificado. El Gobierno sólo pide una cosa a los que gobiernan: que cumplan la ley. Artur Mas debe recordar que es presidente porque una Constitución se lo permite y como tal debe pensar en todos los catalanes –los que viven y los que no viven allí- antes de tomar determinadas decisiones.

    El llamado derecho a decidir ha perdido fuerza de un lado y la ha ganado de otro haciendo incluso caer en contradicciones a la propia Fiscalía. Cabe, debiera caber, más claridad y menos verdades a medias por todas las partes. La costumbre de agrupar por espacios geométricos lineales a los pensantes u opinantes puede lograr hacer que nos despistemos. En esta historia de que Cataluña se independice, adjudicar actitudes por espacios sociológicos de derecha e izquierda carece más de sentido que de costumbre. Hay para todos los gustos y el espectro político independentista o no cubre todo el abanico. Ante lo que sucede hay muchas posiciones, la de no sabe no contesta; la de esperar y esperar a ver si esto se arregla solo; la que ofrece diálogo y respeto… nada más; la que aboga por veladas conversaciones y pactos secretos; la que ofrece una utópica búsqueda política y jurídica de soluciones; la que exige celebrar la consulta para votar que no (v. gr., Pere Navarro); la que aboga por una ruptura amistosa y un posibilista encaje legal; la que exige una radical independencia ya; etcétera. Estos días, además, desde la Unión Europea, distintos personajes han expresado la inviabilidad de una nueva nación dentro del marco de la propia UE.

    Hay que recordar de nuevo ante este al parecer dilema institucional de togas negras que juntos hemos logrado grandes cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosos. Teníamos un país al borde del abismo y hoy somos el país que más crece dentro de la zona euro, en tres años y medio. Juntos, seguimos trabajando para devolvernos el esfuerzo realizado y ese es el objetivo de la reforma fiscal que va a llevar a que 21 millones de españoles paguen menos impuestos. Es el momento en que todas las instituciones unidas reclamemos dentro del poder estatal que podemos y debemos construir el proyecto que nos une: la España del S. XXI. Y, para conseguirlo, el futuro pasa por más y mejor integración; en conseguir una España en la que sumemos fuerzas y todos ganemos porque todos participemos de la fuerza y la riqueza de los demás sin que se diluya la nuestra. Precisamente lo que nos diferencia es lo que nos hace más fuertes dentro de la holística territorial que ustedes ya me han oído hablar de ella en alguna ocasión.

    España es un país unido pero no uniforme, capaz de acoger su pluralismo como un activo y un valor diferencial donde caben 47 millones de identidades y constituimos nuestro Estado con la suma de esas afinidades compartidas y como plataforma de los vínculos que compartimos.

    Desde luego que no hay que dudar de la existencia de sensibilidades que explicitan claramente unas determinadas ansias nacionalistas más o menos insaciables. Pero lo que se debe pretender debe tener encaje legal, a fuer de social. Es el momento de abandonar imposiciones, confrontaciones y divisiones, buscando soluciones realistas y resolviendo los problemas dialogando, en el marco de la ley. Porque, aunque a alguno le cueste, nada es más moderno, democrático, equitativo, y respetuoso que el modelo constitucional que nos dimos en 1978. Cambiarlo es volver a los barcos de vapor.

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