A escape libre
En la Comunitat Valenciana hay cerca de 250.000 viviendas irregulares en suelo rustico o no urbanizable, y en suelo urbano o urbanizable sin urbanizar. La mayoría inmensa tienen energía eléctrica, disponen de agua y acceso rodado asfaltado. El problema del agua, y que esta no esté potabilizada, no es muy grave. Porque si lo fuera sencillamente las casas no se habrían construido.
La falta de alumbrado público es, como mucho, una molestia. Pero tampoco impide que se construyan las casas, porque con tener suministro para el interior de la parcela, ello es suficiente. El problema realmente grave de salud pública es la falta de alcantarillado o de sistemas de depuración de las aguas. Todo el mundo sabe que estas casas sin alcantarillado disponen de lo que finamente se denominan fosas sépticas, y que en román paladino son "pozos negros" o "pozos absorbentes" que tiran las aguas residuales de la casa al subsuelo, a la capa freática sin depurar. Y la contaminan de bacterias coliformes y de productos químicos de la limpieza del hogar. Cuando no de cualquier otra cosa de las que se suelen tirar por el retrete.
Por fin una sentencia del Tribunal Supremo pone en el brete a un municipio para que se ponga manos a la obra para solucionar el problema y obligue a los propietarios de las viviendas a solucionar el problema que "sus" viviendas están generando a la salud futura de todos. Y es que el Tribunal Supremo ha reconocido que las aproximadamente 7.000 viviendas de Llíria deben disponer, al menos, de una depuradora individual para cada chalet sin alcantarillado. Y eso es un pequeño paso para la administración, pero un gran paso para la salubridad.
Si la Generalitat, los ayuntamientos y, sobre todo, la Confederación Hidrográfica del Júcar quisieran este problema se mitigaría de forma importantísima. Solo dejando de mirar hacia otro lado y generando políticas que favorecieran la instalación de infraestructuras de depuración de aguas fecales, aunque fueran individuales, ya tendríamos mucho avanzado. O, por ejemplo, aplicar aquello de que pague más IBI quien más contamina.