La última fechoría del socialismo nacionalista contra el castellano, tras el apercibimiento balear de hablar en catalán a Air Berlín, es el cierre por parte de la Generalitat Catalana de una emisora de radio en castellano dirigida a inmigrantes extremeños, Radio Unión Catalana, que tras 20 años emitiendo le ha sido denegada la licencia.

Ante ello, los socialistas extremeños han protestado ante los socialistas catalanes. Todo queda en casa.

Es llamativo que mientras en la costa valenciana proliferan emisoras en alemán, inglés o francés, en Cataluña se cierren las que ya venían funcionando en español.

Siempre cabrá la duda en este caso de si la habrán cerrado por ser para extremeños o por ser en castellano.

En cualquier caso los socialistas extremeños harían bien en recordarles a sus homólogos catalanes que durante la Segunda República Española el periódico El Socialista (27-12-1931) recogía que “Las Juventudes Socialistas de Barcelona están dispuestas a todo para impedir el triunfo del separatismo reaccionario que pretende aislar a Cataluña del resto del mundo y defenderán el idioma español como lengua usada en todos los grados de enseñanza dependientes del Estado".

Que lejos están los socialistas gobernantes en Galicia, Baleares y Cataluña de su historia y de su esencia y que cerquita del totalitarismo lingüístico y cultural del nacionalismo disgregador.

Por eso hay que celebrar el Manifiesto por la Lengua Común presentado esta semana por Vargas Llosa, Savater, Carmen Iglesias, Albert Boadella –a quién su defensa de la libertad lingüística le va a seguir costando más de un disgusto- y otros destacados intelectuales que dice lo que debiera ser obvio; que todos los ciudadanos tienen derecho a ser educados en lengua castellana, que las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio pero nunca como lengua vehicular exclusiva, o que en locales y negocios no oficiales la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

Piden en suma libertad de elección y no más imposiciones, y recuerdan que son los ciudadanos quienes tienen derechos y no los territorios.

Estos mismos propósitos vienen recogidos en el programa electoral del Partido Popular de las pasadas elecciones, y han sido planteados ya por mi grupo en el Congreso de los Diputados y rechazado por la alianza entre socialistas y nacionalistas.

De hecho, el Manifiesto por la Lengua Común, suscrito también por Alvaro Pombo, Arcadi Espada y Luis Alberto de Cuenca, pide al parlamento español una normativa adecuada, y nuestro vigente programa dice literalmente “La regulación de la enseñanza de la lengua oficial del Estado será competencia exclusiva de las Cortes Generales a través de una ley orgánica que establecerá las garantías de su enseñanza y uso en todos los grados docentes y académicos en toda España. Esta ley garantizará igualmente el bilingüismo en las comunidades con lengua cooficial.”

Hora es ya de que al calor de esta iniciativa, y de grupos de ciudadanos como Convivencia Cívica Catalana, Galicia Bilingüe, Circulo Balear o la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, el progresismo patrio se reencuentre con sus ideas.