"El PP ha reconocido que es cuestión de tiempo la subida del IBI en el diseminado de Ontinyent"
Sanchis: “Hace mucho tiempo que el PP perdió cualquier tipo de credibilidad en esta materia”.
El concejal de Urbanismo de Ontinyent, Filiberto Tortosa, “ha reconocido hoy que habrá un incremento del IBI tras la aprobación de los planes parciales del diseminado y que sólo es cuestión de tiempo”, han señalado desde el PSOE. El concejal socialista Joan Sanchis ha manifestado que Tortosa no ha tenido más remedio que confirmar que cuando el suelo afectado pase a ser urbano, los valores catastrales con los que se calcula el IBI se modificarán al alza –aunque esto no se produzca automáticamente-.
Por tanto, el equipo de gobierno “reconoce que sólo es cuestión de tiempo que el recibo del IBI se dispare en estas zonas”. Evidentemente, ha señalado Sanchis, “no seremos los socialistas los que pidamos la revisión catastral, pero el recibo del IBI se multiplicará cuando esto se produzca, de eso no cabe duda”, ha insistido el concejal socialista. Ahora bien, conociendo la nefasta gestión económica del equipo de Lina Insa y la situación económica del Ayuntamiento, no resultaría nada sospechoso que se produjese esta revisión catastral, con lo cual el PP de Ontinyent ya tendría la estrategia perfecta “acusarán al Ministerio de revisar el catastro y el Ayuntamiento incrementará masivamente la recaudación del IBI a costa de los propietarios del diseminado”, ha indicado Sanchis.
De todas maneras, para los socialistas de Ontinyent, como dijeron los afectados del diseminado en el pleno “Tortosa no tiene credibilidad”. Sanchis ha recordado que tanto Tortosa como Lina Insa les prometieron “una solución rápida y definitiva” al problema de las casitas y los afectados ahora “sólo saben que la solución era la multa y el derribo, ya que de 17 expedientes se ha pasado a más de cien y ahora hay derribos y sanciones firmadas por Tortosa e Insa”.
Desde el PSOE de Ontinyent no entramos a valorar las afirmaciones realizadas por Filiberto Tortosa, puesto que no merecen ninguna credibilidad, como ya denunciaron los afectados en el propio pleno municipal. Cuando se emitan los informes técnicos pertinentes en el plazo de 10 días que marca la ley, podremos valorar a partir de datos objetivos las repercusiones económicas que tendrá en el IBI la clasificación de 3 millones de m2 como suelo urbano.
