Aguilella califica de “antisocial” la actuación del tripartito en el último pleno

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Onda, Salvador Aguilella, ha calificado de “antisocial” la negativa de los representantes del PSOE, BLOC y AMI, al restablecimiento del servicio municipal para las personas en situación de dependencia, que  fue suprimido el año pasado por el alcalde, con la única intención de buscar otro tema de confrontación con el gobierno valenciano.

Enrique Navarro despidió a las dos trabajadoras sociales que lo realizaban y cuyos costes salariales eran pagados íntegramente por la Conselleria de Bienestar Social, a través de la Federación Valenciana de Municipios.

Salvador Aguilella ha explicado que el Ayuntamiento de Onda tenía derecho a recibir en el 2010 un total de 77.356,38 euros para contratar con dedicación exclusiva a varias trabajadoras sociales, desde el uno de enero al 31 de diciembre.

Además, el portavoz de los populares ha recordado que desde el PP de Onda se ha solicitado en varias ocasiones crear una Comisión Municipal para vigilar la aplicación de la Ley de la Dependencia y dotar de más medios materiales y humanos al departamento de servicios sociales, con el objetivo de facilitar la aplicación de la ley de la dependencia. “Navarro –sin embargo-- ha optado por practicar una política de confrontación con la Generalitat y no le ha importado para ello dejar sin este servicio a todos los ondenses”, ha añadido Salvador Aguilella.

Los concejales populares también han presentado en el pleno varias propuestas para conseguir una inmigración con “orden” y “control”. Según su portavoz, “la inmigración es necesaria, pero con orden y control. Y más en un país con una bajísima natalidad, como el nuestro. Eso sí, necesitamos una inmigración con flujos ordenados, adaptada a nuestra capacidad de asimilación y absorción, con acceso de las personas a los servicios básicos para no desbordar los servicios públicos, ajustada a la demanda de nuestro mercado laboral e integrada en nuestra sociedad, evitando así los guetos, por inhumanos y por conflictivos”.

La propuesta de España 2000 de no empadronar a los inmigrantes en situación irregular, privándoles de la atención sanitaria y educativa, de las políticas de integración, etc… sólo generaría nuevos problemas para todos. “En este tema, el problema no es el padrón, el verdadero problema es la errática postura del Gobierno de España ante la inmigración”, ha comentado el presidente del PP.

Ante esta situación, los populares de Onda se preguntan ¿qué política de inmigración está siguiendo el Gobierno de España?

Las leyes de nuestro país dicen que es obligatorio que los ayuntamientos tengan que empadronar a todas aquellas personas que estén en situación de residencia irregular, pero las mismas leyes que rigen nuestro país también dicen que hay que expulsarles.

En el pleno del ayuntamiento de Onda, solo el Grupo Municipal Popular voto a favor de exigir al Gobierno de España que proceda inmediatamente a la íntegra aplicación de la Ley de Extranjería, incluyendo aquella que viene referida al retorno obligatorio, y que vele por una eficaz vigilancia de nuestras fronteras. Y que promueva un proyecto de Ley que garantice la educación y la sanidad a las personas inmigrantes, sin necesidad de su empadronamiento, con el fin de evitar la actual polémica trasladada a los ayuntamientos.

El tripartito, en contra del agua
Por otra parte, el Grupo Municipal Popular también ha presentado al pleno propuestas para resolver la problemática del agua, aprovechando la presidencia del país en la Unión Europea. “Hemos propuesto solicitar al presidente del Gobierno la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para abordar en profundidad la problemática del agua, no solo en el ámbito local, sino nacional”. ha explicado Aguilella.

El posicionamiento del PP se basa en un modelo social, económico y ambiental que precisa de aportaciones externas de agua para garantizar su sostenibilidad. En su razonamiento exponen que más de 180.000 ocupaciones dependen del trasvase Tajo-Segura y aseguran que, de la misma forma, con el trasvase del Ebro en marcha, se crearían 50.000 puestos directos en la ejecución de las obras y otros 250.000 que están en situación de incertidumbre se consolidarían.

Ahora, la falta de una autoridad nacional del agua está provocando enfrentamientos entre territorios.